Un lote que parecía vendido desde 1972 apareció con otra escritura: ahora la Corte revisa el desalojo
Una familia vivió medio siglo en un lote del barrio Providencia. En 2022 apareció una nueva escritura y en marzo de este año los desalojaron. Ahora la Corte revisa si hubo una maniobra fraudulenta detrás del título que los dejó en la calle.
La Justicia de Jujuy puso la lupa sobre un caso que mezcla medio siglo de posesión, una escritura firmada en 2022 y un desalojo ejecutado este año. Investigan a funcionarios municipales de San Pedro por la presunta “doble venta” de un inmueble en el barrio Providencia.
La denuncia penal busca determinar responsabilidades en la segunda enajenación del lote, mientras la familia afectada pelea en la Suprema Corte para recuperar la propiedad que ocupó durante décadas.
Del contrato de 1972 a la escritura de 2022
Todo empezó en agosto de 1972, cuando la Municipalidad de San Pedro firmó un contrato de compraventa sobre un lote de la manzana 134, en el barrio Providencia, a favor de Juan de la Cruz Pizarro.
Tras el fallecimiento del comprador original, sus descendientes y familiares continuaron viviendo en el lugar sin interrupciones. Hicieron mejoras y pagaron los tributos durante años, según consta en la causa.
Sin embargo, el 27 de diciembre de 2022, autoridades y funcionarios de la gestión municipal otorgaron la Escritura Pública N° 46 a una nueva adquirente. El instrumento invoca expresamente el expediente de 1972, pero en las actuaciones no figura ningún acto administrativo formal que revoque o declare la caducidad del derecho otorgado cinco décadas antes.
El desalojo y la falta de defensa
Con el nuevo título en mano, la compradora posterior inició un juicio de desalojo ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de San Pedro.
El ocupante del inmueble atravesaba una crítica situación socioeconómica y un reciente duelo familiar. En ese contexto, no logró articular una defensa particular dentro del plazo correspondiente.
El proceso concluyó el 5 de marzo de 2026 con una sentencia que ordenó el lanzamiento por la fuerza pública. La medida se ejecutó y el inmueble quedó completamente desocupado.
La batalla judicial en la Suprema Corte
La representación técnica de la familia afectada presentó una Acción Autónoma de Revisión de Cosa Juzgada por Nulidad Írrita ante el máximo tribunal provincial. El planteo busca revisar la firmeza del desalojo al sostener que el fallo derivó de una presunta maniobra fraudulenta de origen.
En paralelo, avanza la denuncia penal para delimitar las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en la segunda enajenación.
La Justicia evalúa ahora el pedido de restitución provisoria del inmueble y medidas cautelares para proteger al grupo familiar. El caso también abre un debate sobre el control de legalidad y los límites de la cosa juzgada.
