Un mes del nuevo régimen penal juvenil: el lugar donde deberían alojarse las adolescentes con sanción no existe

Catamarca no cuenta con un centro cerrado para alojar a adolescentes mujeres que reciban una sanción en el marco del nuevo régimen penal juvenil. Así lo confirmó el juez de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2, Fabricio Gershani Quesada, a un mes de la entrada en vigencia del sistema nacional.

En una entrevista en El Ágora de TVEO, el magistrado describió la situación con crudeza: “Es un problema a resolver porque no tiene centro cerrado de mujeres”. Y agregó: “El lugar de cumplimiento efectivo no lo tenemos”.

El Centro de Admisión y Derivación permite alojamientos de entre 24 y 48 horas, pero no sirve para cumplir una sanción de mayor duración. La provincia tampoco tiene resuelto el destino de las jóvenes que reciban una medida de restricción de libertad.

Qué tiene Catamarca y qué le falta

El juez aclaró que la provincia no parte de cero. Desde 2019 existe una legislación específica y organismos especializados para intervenir en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay un fiscal y un defensor especializados, centros de atención para adolescentes y un pabellón dentro del servicio penitenciario.

“No arrancamos de cero”, resumió Gershani Quesada, aunque reconoció que el Centro Juvenil Santa Rosa necesita inversión para adaptarse a las exigencias de la ley nacional. Según explicó, otras provincias deben comenzar prácticamente desde cero para adecuar sus estructuras.

Los cargos que ya existen pero siguen vacíos

Otro de los puntos que marcó el magistrado es la falta de cobertura de puestos que ya estaban previstos en la estructura provincial. La adecuación que hizo la Legislatura no creó más jueces, fiscales ni defensores: “No hay más jueces, no hay más fiscales, no hay más defensores, no hay más cargos”, sostuvo.

El problema es que algunos de esos cargos creados siguen sin ocuparse. “El equipo técnico está creado en el 2019. Lo que pasa es que no lo cubrieron”, señaló. También indicó que los puestos de segundo fiscal y segundo defensor “no se han cubierto” y que tampoco están concursados.

Para Gershani Quesada, será necesario evaluar si la estructura actual alcanza a medida que aumenten las intervenciones.

Reinserción: la pata que no depende solo de la Justicia

El juez puso el foco en lo que ocurre después de la intervención judicial. La reinserción social, dijo, no depende exclusivamente del Poder Judicial: requiere coordinación entre Educación, Salud, Desarrollo Social y el propio sistema de Justicia. “Si no hay una coordinación entre esos cuatro grupos de trabajo, es imposible”, afirmó.

En ese esquema consideró determinante que exista una familia o un adulto responsable que acompañe al adolescente, y un Estado que intervenga de manera efectiva. De lo contrario, una medida judicial puede no modificar las condiciones que llevaron al joven a entrar en contacto con el sistema penal.

Planteó un ejemplo concreto: si un adolescente cumple una restricción de libertad y vuelve al mismo entorno, las posibilidades de una nueva intervención aumentan. “Si su entorno es la esquina del barrio, si su entorno es la noche, si su entorno es no la escuela, muy probablemente la semana que viene lo tengamos de vuelta”, advirtió.

Por eso cuestionó la efectividad del sistema penal como herramienta de reinserción. “El sistema penal no es efectivo”, afirmó, aunque reconoció que las cárceles son necesarias en determinados casos. “Sí, es necesaria, pero no es efectiva”, sostuvo, y señaló que otras intervenciones estatales —como la educación y una intervención “en el momento justo”— podrían ser más adecuadas.

El magistrado concluyó que una política de estas características exige recursos y una intervención estatal que exceda al Poder Judicial. “No es dictar una medida y dejar al adolescente, al imputado, a la buena de Dios, porque no va a tener sentido”, cerró.