Un ministro acusa al Gobierno nacional de robar fondos y revela una contradicción que sorprende

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó duras acusaciones contra la administración nacional por retener recursos y paralizar obras, mientras denunció una “contradicción política” en el uso de créditos públicos. Durante una conferencia en la Gobernación, el funcionario provincial escaló el conflicto fiscal y cuestionó conductas de La Libertad Avanza.

Bianco sostuvo que el Gobierno de Javier Milei mantiene una deuda con la provincia y redobló las críticas. “Nosotros le estamos reclamando que nos pague lo que nos debe, en primer lugar, lo que nos robó”, lanzó el ministro en declaraciones que resonaron en el ámbito político.

Según sus denuncias, la administración nacional “robó más de 1.000 obras públicas” y fondos específicos destinados a infraestructura. Entre los recursos retenidos mencionó los provenientes del impuesto a los combustibles y el ex Impuesto PAIS, que deberían haber sido asignados a la provincia.

¿Qué está reclamando la provincia?

“Es un gobierno que roba permanentemente”, insistió Bianco, y recordó que esos recursos están siendo reclamados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ministro detalló que la paralización de obras y la retención de fondos afectan directamente el desarrollo provincial.

Por otra parte, Bianco cuestionó a funcionarios nacionales que accedieron a créditos del Banco Nación, en medio del discurso oficial contra el rol del Estado. “El gobierno que venía a privatizar el Banco Nación, sus funcionarios se tiran de palomita a sacar créditos de la banca pública”, señaló con ironía.

¿Qué contradicción política denunció?

El ministro remarcó la “contradicción política” de la gestión libertaria. “Dicen que todo lo estatal está mal, pero lo primero que hacen es recurrir al Estado. No hacen lo que dicen”, afirmó Bianco durante la conferencia de prensa.

Por último, advirtió que existen denuncias sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de esos créditos y planteó que deberán ser analizadas por la Justicia. “Hay casos en los que ni siquiera podrían pagar la cuota con los ingresos declarados”, concluyó el ministro, dejando abierta la posibilidad de investigaciones judiciales.