Un misionero vivió diez años en una choza de silo bolsa: la Justicia acaba de condenar a su patrón

Un trabajador oriundo de Misiones pasó cerca de una década en un puesto rural de Entre Ríos en condiciones que la Justicia Federal definió como “francamente indignas e inhumanas”. Sin agua potable, sin electricidad y sin baño, dormía en una estructura de silo bolsa sostenida con palos y piso de tierra, mientras talaba árboles para fabricar postes de alambrado.

El caso terminó con una condena: César Antonio Girolami, contratista rural de 60 años, fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional por trata de persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral. También deberá pagar $22 millones como reparación integral a la víctima.

El infierno en el paraje La Madrugada

Según quedó acreditado en la causa, el trabajador fue llevado al establecimiento “Las Piedras”, de la empresa Doña Inés SA, en Distrito Banderas, departamento Federal. Desde al menos 2011 vivió en un puesto del paraje La Madrugada, a unos 15 kilómetros del casco de la estancia.

La vivienda era una construcción precaria de silo bolsa sujetada con palos, con piso de tierra y sin ninguna protección frente al clima. Estaba en una zona inundable y no tenía acceso a agua potable, sanitarios ni energía eléctrica. La sentencia también determinó que no recibía alimentación suficiente.

La jueza federal Noemí Marta Berros describió la situación como de “precariedad y cosificación” y sostuvo que esas condiciones formaban parte de la explotación laboral. El hombre relató que estuvo cerca de diez años en ese lugar. Durante ese período, además, perdió algunos dedos de una mano por una amputación.

“Una miseria” y descuentos por la motosierra

La investigación estableció que el empleo no estaba registrado y que la paga era insuficiente. Testigos que trabajaron junto a la víctima declararon que Girolami le pagaba “una miseria” y que incluso le descontaba los gastos de nafta y aceite que usaba la motosierra.

Fueron sus propios compañeros quienes, en varias oportunidades, le acercaron agua, comida, ropa y otros elementos básicos ante las condiciones en las que vivía. Para la Justicia no se trató solo de un empleo “en negro”, sino de una explotación que incluía el aislamiento y las condiciones materiales de vida.

La inspección que lo cambió todo

El caso salió a la luz el 15 de diciembre de 2021, cuando representantes de la Secretaría de Trabajo llegaron al lugar y constataron cómo vivía el trabajador. El delegado departamental de Trabajo, Gonzalo Cruz Olier, dejó asentado que el hombre estaba “en condiciones indignas e inhumanas sin amparo ante las condiciones climáticas”.

Ocho días después, el 23 de diciembre de 2021, el establecimiento fue allanado por Gendarmería Nacional y por personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Según testimonios incorporados al expediente, después de esa inspección Girolami sacó al trabajador del campo y lo dejó afuera de la tranquera.

Sus compañeros manifestaron preocupación porque el hombre no tenía una red familiar cercana y había construido vínculos con ellos durante los años que pasó en el lugar.

Juicio abreviado y reparación millonaria

Girolami reconoció los hechos en un juicio abreviado. El acuerdo se formalizó el 17 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay y la sentencia quedó firmada el 1º de octubre.

El tribunal determinó que el contratista captó y trasladó al trabajador desde al menos 2011 por distintos campos con fines de explotación laboral, situación que se extendió hasta diciembre de 2021. La conducta fue encuadrada en el artículo 145 bis del Código Penal, que castiga la trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación laboral.

Como era su primera condena, recibió la pena mínima: tres años de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel. Deberá fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Además, el acuerdo incluye el pago de $22 millones al trabajador misionero en concepto de reparación integral.

La jueza Berros destacó que esa reparación permite que la resolución no quede limitada al castigo penal y la vinculó con una perspectiva de “justicia restaurativa”, en reconocimiento del daño provocado por una década de explotación laboral.

El titular del establecimiento rural y otro trabajador quedaron fuera de la acusación. Según consta en la causa, la propia víctima manifestó que respondía exclusivamente a las órdenes de Girolami.