Un niño fue separado de una pareja en General Pico por una posible entrega ilegal a cambio de dinero

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa intervino en las últimas horas ante una situación que podría configurar una apropiación ilegal de un niño en General Pico. El menor ya se encuentra bajo resguardo estatal y el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia.

Según informó el organismo, la semana pasada tomó conocimiento de que una pareja habría recibido a un niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero. A partir de esa alerta, el Organismo Municipal de Protección de Derechos realizó la denuncia penal el pasado 3 de septiembre.

Qué hizo la Justicia

Ese mismo día, la pareja involucrada se presentó ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 3 de General Pico con la intención de regularizar judicialmente la situación. Sin embargo, el juzgado rechazó el pedido y dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible existencia de una conducta delictiva vinculada con la apropiación del niño y el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.

Además, durante las intervenciones se detectaron elementos que podrían indicar una modificación del nombre del niño mientras estaba al cuidado de esa pareja. Ese hecho también fue denunciado por su posible conexión con un delito contra la identidad.

Ante la urgencia, se adoptó una medida excepcional prevista por la normativa de protección integral de derechos. Actualmente, el niño se encuentra al cuidado de un dispositivo estatal especializado.

Adopción: cuál es el camino legal

Desde la Subsecretaría remarcaron que las entregas directas de niñas y niños entre particulares, por fuera de los procedimientos que fija la ley, no son una vía válida para establecer vínculos de filiación o adopción, y pueden constituir delitos que deben investigarse.

El organismo recordó que, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional y provincial, los procesos de adopción exigen la intervención de los organismos competentes y de la autoridad judicial, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Cualquier procedimiento al margen de esas vías puede vulnerar derechos fundamentales de los chicos, en particular su derecho a la identidad y su interés superior, advirtieron. La prioridad de las intervenciones estatales es garantizar la protección integral de las infancias, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad y en estricto cumplimiento de las normas vigentes.