¿Un nuevo peaje en la Ruta 12? La furia de los misioneros que promete no quedarse en el reclamo

Seis intendentes, concejales, empresarios y productores del departamento Libertador General San Martín, en Misiones, firmaron este miércoles un documento conjunto contra el peaje que el Gobierno nacional quiere instalar en la Ruta 12, a la altura de Garuhapé. Lo calificaron como “inconstitucional y una estafa” y advirtieron que la medida golpeará directamente a trabajadores, estudiantes y al sector productivo.

La reunión, que se realizó en Puerto Rico, tuvo como eje central el rechazo a la nueva estación de cobro que proyecta Nación en el kilómetro 1483 de la Ruta Nacional 12. La queja no es solo por el costo adicional, sino por la falta de obras y el estado de la infraestructura vial, que los presentes consideran abandonada por el Gobierno de Javier Milei.

¿Por qué hablan de “doble imposición”?

Los firmantes cuestionan que el Estado nacional pretenda cobrar un peaje mientras, según denuncian, no invierte en las rutas los recursos que ya recauda a través del Impuesto a los Combustibles. “El Gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12”, señalaron en el escrito.

Además, remarcaron que la nueva casilla quedaría a solo 68 kilómetros del peaje que ya funciona en Colonia Victoria. “Inicialmente en Capioví (Km 1462), pero luego optó por colocarla en Garuhapé (Km 1483), a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria (Km 1551)”, indicaron.

Los argumentos legales del rechazo

El documento plantea que el sistema sería inconstitucional porque no existen caminos alternativos gratuitos y porque implicaría una doble imposición. “Lo más grave aún es que el sistema proyectado es inconstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago y que se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”, expresa el texto.

Los firmantes citaron el artículo 75 de la Constitución Nacional y el principio de legalidad, recordando que “no hay tributo sin ley”. También advirtieron que se vulnerarían los derechos a transitar libremente (Artículo 14) y a la propiedad (Artículo 17), ya que “el cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima”.

Impacto en la producción y el transporte

Más allá de lo legal, el reclamo tiene un fuerte componente económico. Los representantes del sector comercial y productivo sostienen que una nueva carga afectará el transporte de mercancías y la competitividad de la región. “De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia”, advirtieron.

En el mismo sentido, señalaron que “la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. Además, sostienen que “tampoco habrá mejoras en la seguridad vial, ni real reducción en los costos de transporte”.

Un reclamo que une a toda la provincia

La oposición al peaje no es nueva. La semana pasada, cuando se conoció el pliego preliminar de la Red Federal de Concesiones, los intendentes de la zona centro ya habían manifestado su rechazo. El gobernador Hugo Passalacqua también se sumó al reclamo y pidió que primero se realicen las obras de mantenimiento que necesita la Ruta 12.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Luis Steffen, fue contundente: “Sería una locura que quieran poner una casilla de peaje ahí”. Mientras tanto, el jefe comunal de Capioví, Ramón Arrúa, señaló que “ya como estamos ahora económicamente, todos los municipios y todos los empresarios, los trabajadores, poner un costo adicional más, yo creo que realmente es muy preocupante”.

Los seis intendentes del departamento ya habían conformado un Consorcio Vial para trabajar en los caminos terrados ante la desinversión nacional. Ahora, esa misma unidad se posiciona contra el peaje. En el documento, los firmantes concluyen: “Los misioneros necesitamos rutas seguras, que resguarden nuestras vidas, y no una casilla de peaje que atente contra los bolsillos de quienes trabajan, estudian, comercian y producen”.

El proyecto contempla una concesión por 20 años del Tramo Noreste, que incluye la Ruta 12 desde Puerto Iguazú hasta la Ruta Nacional 118, el Acceso Sur de Posadas y la Ruta 105. La nueva estación funcionaría bajo el sistema “free flow”, sin barreras, con cobro automático. La tarifa sería similar a la del peaje de Santa Ana.

Los intendentes pidieron a los funcionarios y legisladores nacionales que “reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa”, porque la decisión “profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.