Un operativo frenó en Santiago del Estero la salida de un cargamento de maíz valuado en $223 millones
El operativo dejó al descubierto una pelea por un campo en el sudeste santiagueño: una cosecha millonaria estaba a punto de salir sin autorización. Mientras una parte asegura tener el contrato, la otra muestra sus propios papeles. ¿Quién tiene la razón?
Un operativo conjunto entre la Justicia y la Policía de Santiago del Estero evitó que un cargamento de maíz valuado en más de $223 millones fuera retirado de manera clandestina de un campo del departamento General Taboada. El procedimiento se realizó el sábado en el establecimiento "Las Víboras", en el paraje La Nena, jurisdicción de Los Juríes, y dejó al descubierto una disputa rural que enfrenta a empresarios santafesinos con un grupo que asegura tener derechos sobre el predio.
Según la denuncia presentada por el empresario Gustavo Ricardo Fain, su firma Fain Hnos. S.A., con sede en Villa Minetti, Santa Fe, arrienda desde 2008 un campo de aproximadamente 221 hectáreas. La empresa había sembrado maíz y se disponía a cosechar cuando encontró a personas ocupando el lugar e impidiendo el ingreso.
En su presentación ante la Fiscalía de Añatuya, Fain denunció los supuestos delitos de "usurpación y amenazas calificadas por el uso de armas", en una causa que involucraría a varias personas oriundas de Santa Fe y Buenos Aires. De acuerdo con la versión del denunciante, el grupo tenía planeado ingresar durante el fin de semana con una cosechadora para realizar una "trilla clandestina" y trasladar el cereal hacia Santa Fe, aprovechando la reducción de la actividad judicial.
La orden de la Justicia
Ante la gravedad de los hechos, la jueza de Control y Garantías Ana María González Ruiz dictó una medida cautelar y ordenó el allanamiento del establecimiento. La resolución autorizó el ingreso al campo con el objetivo específico de levantar, recolectar y transportar la cosecha bajo estricta custodia policial.
Durante el procedimiento, dos hombres que permanecían como serenos fueron retirados del lugar. Según trascendió, dentro del establecimiento habría personas armadas, pero la llegada de una importante cantidad de efectivos permitió controlar la situación sin que se produjeran enfrentamientos.
La investigación quedó registrada en el legajo N°3130/226. En las actuaciones aparece denunciado Agustín Isabelino Vivas por supuestas amenazas y usurpación, según informaron fuentes vinculadas al procedimiento.
Un operativo de gran magnitud
Para completar el levantamiento de la producción ingresaron al establecimiento tres máquinas trilladoras, tres tractores con tolvas y 12 camiones. La cosecha se realizó sobre unas 90 hectáreas en medio de una fuerte vigilancia y se extendió durante varias horas, hasta que los vehículos partieron con destino a Villa Minetti, Santa Fe, donde el cereal fue llevado a instalaciones vinculadas con la firma denunciante.
Las fuentes señalaron que cada camión tenía una capacidad aproximada de 28 toneladas. No obstante, esa cifra arrojaría un total de 336 toneladas, por debajo de las 425 mencionadas inicialmente en el expediente, una diferencia que deberá ser precisada oficialmente.
Una disputa que sacude a la zona agrícola
El caso generó una fuerte conmoción en Los Juríes y el sudeste santiagueño, una región donde la agricultura es uno de los principales motores económicos. El conflicto central no se limita a quién podía cosechar el maíz, sino que está relacionado con la tenencia, el arrendamiento y la documentación del establecimiento rural.
Mientras Fain sostiene que posee un contrato legal de arrendamiento, la parte desplazada durante el operativo también alegaría contar con documentación que respaldaría sus derechos sobre el campo. Por ese motivo, la discusión continuará ahora en los tribunales de Añatuya.
La Justicia deberá analizar la validez de los documentos aportados por cada sector, determinar quién tiene derechos legítimos sobre el inmueble y establecer si existieron efectivamente maniobras de usurpación, amenazas con armas y un intento de apropiación clandestina de la cosecha. Por el momento, no existen condenas y las personas denunciadas conservan su estado de inocencia hasta que la investigación determine las responsabilidades correspondientes.