Un pedido que incomoda: exigen explicaciones por $385 millones en publicidad municipal

La discusión por el uso de los recursos públicos en Villa de Merlo sumó un nuevo capítulo: un grupo de concejales opositores exige que el Ejecutivo rinda cuentas por más de $385 millones destinados a publicidad y comunicación oficial. El reclamo llega en un momento en que la gestión enfrenta serias dificultades financieras y cuestionamientos en áreas sensibles como salud y servicios básicos.

Los concejales Lucía Miranda, Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante para que el Municipio detalle cómo se están utilizando los fondos previstos en el presupuesto anual para el área de Comunicación, Prensa y Eventos. La cifra, que supera los 385 millones de pesos, no pasó desapercibida.

¿Qué se busca con este pedido?

El planteo va más allá de lo administrativo. La oposición quiere abrir un debate profundo sobre el destino de esos recursos en un contexto donde, aseguran, áreas clave de la gestión muestran falencias concretas. El pedido exige conocer no solo cuánto se ejecutó, sino también si hubo reasignaciones de partidas y bajo qué criterios se distribuyó la pauta en plataformas como Meta y Google, además de posibles contrataciones de agencias de marketing digital.

La preocupación también incluye el uso que podría darse a esos fondos. Los concejales advierten sobre la necesidad de establecer controles que eviten que el dinero público termine financiando campañas de agresión, perfiles falsos o prácticas de difamación, una sospecha que eleva el tono político del reclamo.

¿Qué dice la oposición?

Desde el bloque impulsor, la concejal Lucía Miranda puso el eje en lo que definió como un desbalance en las prioridades de la gestión. Señaló que mientras se destinan sumas millonarias a sostener la presencia digital del Municipio, los vecinos conviven con problemas en servicios básicos, como la falta de profesionales en centros de salud, dificultades en la recolección de residuos por fallas mecánicas y una estructura débil en áreas sensibles como el agua.

“Nuestra función en el Concejo es cuidar el dinero de la gente y exigir un uso responsable del presupuesto. La respuesta a las necesidades de los barrios no pueden ser campañas en redes sociales ni gastos desmedidos en propaganda. Esperamos que el oficialismo acompañe este pedido de informes y ponga la documentación completa a disposición de toda la ciudadanía”, expresaron los concejales.

¿Qué pasará ahora?

El pedido de informes, además de buscar transparencia, funciona como un mensaje político en un momento donde la administración municipal enfrenta cuestionamientos en distintos frentes. La respuesta del Ejecutivo marcará si el tema queda en un cruce político más o si abre una discusión más incómoda: la de cómo se construye el relato oficial en paralelo a las demandas cotidianas de los vecinos.