Un penitenciario de Zapala fue exonerado: qué encontró la investigación en su legajo

El gobierno de Rolando Figueroa sumó un nuevo nombre a la lista de cesantías. Esta vez, el desplazado es un oficial ayudante del Cuerpo Penitenciario, Escalafón Custodia, apartado de la fuerza por un expediente que lo involucra en un caso de violencia de género.

La medida se formalizó a través de un decreto que dispuso la destitución por exoneración de Luis Leonel Navarrete Morales, tal como figura en la documentación oficial. La decisión llegó después de un procedimiento disciplinario que revisó lo ocurrido con su pareja conviviente.

El hecho que originó el expediente

Los registros oficiales indican que el episodio que dio inicio a las actuaciones se produjo el 19 de mayo de 2024. Ese día intervino personal de la Comisaría del Menor y la Mujer de Zapala ante una situación en la que el efectivo habría agredido a su pareja.

El caso puso en marcha la intervención de la Oficina de Violencia de Zapala y de la Unidad Fiscal de esa localidad, en el marco de una investigación por presuntas lesiones en contexto de violencia de género. En ese momento, se dispuso que el agente quedara alojado en la Comisaría N° 34 de Mariano Moreno.

Los argumentos de la expulsión

Entre los fundamentos de la exoneración, la resolución señaló que la conducta atribuida al agente comprometía la imagen de la institución policial y afectaba los deberes esenciales del cargo, el decoro institucional y la confianza pública depositada en quienes tienen la responsabilidad de velar por la legalidad, los derechos y el orden social.

El documento también ponderó la gravedad de los hechos acreditados, su carácter reiterado y la afectación de los principios de legalidad, ética y decoro funcional. Para los firmantes, la permanencia del efectivo en la fuerza resultaba incompatible con las exigencias de la función, por lo que se avanzó con la aplicación de la máxima sanción disciplinaria.

El caso se suma a una serie de desvinculaciones que se vienen sucediendo desde diciembre de 2023, en el marco de una política de tolerancia cero que, según el gobierno provincial, cuenta con un amplio consenso social.