Un penitenciario, su pareja y la hija de ella, entre los seis que seguirán tras las rejas por lo que pasaba en la cárcel de Villa Las Rosas

Un integrante del Servicio Penitenciario, su pareja y la hija de ella quedaron en el centro de una causa que investiga qué se movía puertas adentro de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. La jueza revisó las medidas y los seis acusados seguirán detenidos.

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Un penitenciario, su pareja y la hija de ella, entre los seis que seguirán tras las rejas por lo que pasaba en la cárcel de Villa Las Rosas
Un penitenciario, su pareja y la hija de ella, entre los seis que seguirán tras las rejas por lo que pasaba en la cárcel de Villa Las Rosas

Seis personas acusadas por la presunta venta de drogas dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas continuarán privadas de su libertad. La jueza Silvia García Tabera tomó esa decisión este miércoles, durante una audiencia en la que revisó la prisión preventiva que pesa sobre cuatro hombres y dos mujeres.

Los imputados están acusados como presuntos coautores de comercialización de estupefacientes agravada, un delito que se agrava por haberse cometido en el marco de una organización y dentro de un centro de detención. Entre los involucrados aparecen un integrante del Servicio Penitenciario, su pareja y la hija de ella. Los otros tres acusados eran internos del penal.

Qué investiga la Fiscalía

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, desde marzo de este año se habrían concretado 13 maniobras vinculadas a la comercialización de drogas, con roles diferenciados entre los integrantes de la presunta estructura. La investigación intenta determinar cómo funcionaba esa organización y qué participación tuvo cada uno de los acusados.

La jueza también prorrogó por dos meses la investigación penal preparatoria. Los cuatro hombres permanecerán alojados en los centros de detención donde actualmente cumplen la medida, mientras que las dos mujeres continuarán bajo arresto domiciliario.

En el caso de uno de los acusados, la UADME deberá informar en un plazo de cinco días si es factible aplicar el arresto domiciliario que pidió su defensa.

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