Un 'perdón' millonario a YPF: la Justicia deberá decidir si Chubut puede borrar la deuda ambiental

Un grupo de abogados de Chubut, con el respaldo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, presentó un amparo colectivo para anular el acuerdo que liberó a YPF de sus responsabilidades ambientales en Comodoro Rivadavia. Estiman que el saneamiento podría costar hasta 700 millones de dólares, una cifra que contrasta fuertemente con los 25 millones que la provincia aceptó como compensación.

¿Por qué impugnan el acuerdo?

El amparo, firmado por Jorge Spíndola y patrocinado por Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti, cuestiona el Acta Acuerdo del 26 de junio y la Ley Provincial XVII N°166 que lo aprobó. Sostienen que el pacto viola la Ley General del Ambiente (LGA) N° 25.675, especialmente el Principio de Responsabilidad, que obliga a quien genera el daño a costear su recomposición.

Además, denuncian que se vulneró el Principio de Progresividad y No Regresión, ya que el acuerdo reduce los niveles de protección ambiental ya alcanzados. También remarcan que el pacto se selló "a espaldas de la comunidad", sin respetar los artículos 19 al 21 de la LGA, que exigen participación ciudadana e información pública antes de tomar decisiones que afectan el ambiente.

¿Cuál es el problema con los 25 millones?

El convenio, ya aprobado por la Legislatura, establece que YPF pagará US$25 millones, además de ceder inmuebles y otros bienes, a cambio de cerrar los reclamos por pasivos ambientales en áreas que incluyen el ejido urbano de Comodoro Rivadavia. Pero los abogados argumentan que Chubut liberó a YPF sin conocer la magnitud real del daño.

La presentación señala una contradicción: mientras el acuerdo asegura que las auditorías describen completamente la situación, las disposiciones de la Secretaría de Ambiente provincial ordenaban completar relevamientos de pasivos no individualizados, con un programa complementario de hasta tres años. Para los demandantes, esa inconsistencia invalida el acuerdo.

Por eso, piden la nulidad absoluta del acta y que se reconozca la obligación de recomponer el ambiente. Como referencia, mencionan que en Santa Cruz, YPF acordó pagar 335 millones de dólares y hacerse cargo de las tareas de saneamiento.

¿Cuánto costaría realmente el saneamiento?

La demanda expone la situación de los pozos petroleros en Comodoro: se estima que hay unos 6.000 pozos en el ejido, de los cuales 1.700 están inactivos y 3.700 abandonados. Además, hay más de 150 pozos cuya ubicación exacta se desconoce, algunos incluso debajo de viviendas.

"Se estima que el costo del sellado definitivo oscila entre los USD 65.000 y los 200.000 por pozo", sostiene el escrito. "El costo de sellar los pozos abandonados podría rondar entre los USD 240 millones y USD 740 millones".

Los demandantes también señalan que muchos pozos se sellaron con técnicas antiguas y se han detectado fugas de petróleo y gas, por lo que una remediación integral costaría mucho más que lo pactado.

El caso Restinga Alí

Un capítulo especial del amparo está dedicado a Restinga Alí, un área incluida en la liberación de responsabilidades sin una auditoría específica. El padrón oficial de la Secretaría de Energía registra 560 pozos en la zona: 364 abandonados y 111 "a abandonar". Es decir, 196 pozos (35%) no tienen un estado de abandono registrado.

Los abogados cuestionan que la provincia haya liberado a YPF en esa área sin contraprestación, sin cuantificar el pasivo y sin participación ciudadana.

Además de la nulidad, pidieron una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo mientras se tramita el proceso, preservar la documentación técnica y que cualquier operación de sellado de pozos sea informada previamente.

La Justicia deberá decidir si admite el amparo y si hace lugar a la cautelar. El planteo abre una nueva discusión sobre un acuerdo que ya es ley: ¿es válido cerrar con una suma fija la responsabilidad ambiental de YPF cuando aún hay pasivos sin identificar?