Un perito le exige $441 millones a la Provincia y denuncia que la Fiscalía busca 'licuarle' sus honorarios
¿Pensaban que con $25 millones alcanzaba? El perito Taconi revela los números que la Fiscalía quiere ocultar y amenaza con llegar a la Corte.
La pelea por los honorarios en una de las causas más longevas contra la Provincia de Tucumán estalló de nuevo. El perito contador Augusto Pío Taconi reclama que le paguen $441,7 millones y acusa a la Fiscalía de Estado de querer reducir su crédito a apenas $25 millones, lo que califica como una confiscación encubierta.
En un escrito de siete páginas presentado ante la Cámara Contencioso Administrativa, el abogado Luis Alfredo López, representante de Taconi, sostiene que la postura oficial parte de un "error conceptual de base". Según la defensa, los honorarios no son una deuda de dinero, sino una deuda de valor que debe mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.
¿Qué argumenta la defensa?
El eje del planteo es que aplicar el criterio nominalista que impulsa la Provincia implicaría desconocer precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afectaría el derecho de propiedad del profesional. La presentación también rechaza que la actualización deba discutirse en otro proceso: sostiene que lo que está en juego no es la base regulatoria sino la preservación del valor real del crédito ya reconocido por sentencia.
Uno de los puntos más impactantes del escrito es la comparación económica. Desde octubre de 2017, fecha usada para cuantificar los honorarios, los precios, salarios y costos crecieron alrededor de 90 veces. La tasa activa propuesta por el Estado apenas multiplicaría el crédito por 5,7 veces. La defensa afirma: "La aplicación de la tasa activa implica una licuación y confiscación superior al 90% de los honorarios". Incluso advierte que aceptar la planilla oficial convertiría al proceso "en un mecanismo de expoliación profesional".
La alternativa que propone el perito
Aunque mantiene el reclamo por los $441 millones, la defensa abre una puerta: pide a la Cámara que, si considera inapropiada la tasa TIM (reglamentada por la Resolución 1/2026 del Banco Central), fije un mecanismo de actualización que refleje la realidad económica y evite la pérdida del valor del honorario. Además, deja planteada la reserva del caso federal para recurrir a la Corte Suprema si la resolución termina consolidando la licuación del crédito profesional.
