Un petrolero británico amarró en Ushuaia y la Provincia apunta contra Milei
¿Quién autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia? La Provincia apunta a Milei y exige respuestas por una operación que reaviva el conflicto por Malvinas.
El Gobierno de Tierra del Fuego elevó una protesta formal contra la administración nacional por el ingreso del petrolero VS Promise, de bandera británica, al puerto de Ushuaia. La operación, considerada “inadmisible” por el Ejecutivo provincial, reavivó el conflicto por la intervención federal del puerto y sumó la cuestión Malvinas a la disputa política.
¿Qué pasó con el petrolero?
El buque, que había cargado crudo en Río Cullen, en el norte fueguino, llegó a la capital y permaneció amarrado durante horas. La Provincia responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por autorizar la maniobra, en un contexto de fuerte tensión por la ocupación británica de las Islas Malvinas.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, aseguró que no hay antecedentes de un episodio similar. Además, vinculó la presencia del petrolero con otros hechos recientes, como el paso de un buque militar británico por aguas fueguinas.
El pedido de explicaciones
La administración provincial reclamó a Milei que informe públicamente los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación del VS Promise en Ushuaia. El planteo se suma a la disputa judicial que Tierra del Fuego mantiene por la intervención del puerto, vigente desde enero a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
“Resulta inadmisible que una embarcación británica opere mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Malvinas”, sostuvo el Ejecutivo fueguino, que también exigió el cese de la intervención y la restitución inmediata de la administración portuaria a la Provincia.
La controversia no se fue con el barco
El VS Promise zarpó de Ushuaia poco después de la medianoche, navegando por el canal Beagle hacia el Paso Picton, según los registros de seguimiento marítimo. Pero la polémica quedó instalada: quién autorizó el ingreso, bajo qué criterios y hasta dónde llega el control nacional sobre una infraestructura estratégica provincial son interrogantes que el Gobierno fueguino exige que la Nación responda.
