Un policía a cargo de una playa de secuestros fue despedido tras la misteriosa desaparición de un tractor

Un efectivo policial fue separado de la fuerza tras un sumario que investigó la sustracción de un tractor bajo custodia judicial. El hecho, ocurrido en una playa de secuestros de San Agustín, dejó al descubierto graves fallas en los controles. La investigación no pudo probar su participación directa en el robo, pero sí su responsabilidad por incumplir el deber de custodia.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando las autoridades detectaron el faltante de un tractor que se encontraba bajo custodia judicial en ese predio. Según las actuaciones, el vehículo no había sido entregado ni reubicado por ninguna vía oficial, lo que inmediatamente encendió las alarmas al interior de la fuerza.

A partir de ese hallazgo, se puso en marcha una investigación exhaustiva que incluyó inspecciones en el lugar, análisis minucioso de registros y la toma de declaraciones testimoniales. Paralelamente, la Justicia penal inició una causa por un presunto hurto agravado, dado el valor del bien sustraído.

¿Qué falló en la custodia?

Durante el sumario administrativo, el foco se centró en el accionar del efectivo policial involucrado. Se determinó que, al momento del hecho, el agente se encontraba de guardia y era la máxima autoridad a cargo de la seguridad en la playa de secuestros de San Agustín.

La investigación concluyó que este incumplió de manera grave su deber fundamental de custodia sobre los bienes del Estado. Aunque no se logró acreditar su participación material en la sustracción, las fallas en el control fueron consideradas determinantes.

Un dato que llamó la atención de los investigadores fue la modalidad del hecho. El tractor habría sido retirado del predio utilizando una grúa oficial, sin que este movimiento generara ninguna alerta o actuación inmediata por parte del personal a cargo. Este punto fue crucial para evaluar la negligencia.

Una sanción que puede agravarse

Con estas conclusiones sobre la mesa, tanto la Inspección General de Seguridad como la Junta de Disciplina analizaron el caso. Ambas instancias consideraron acreditada la falta administrativa y, en línea con la gravedad de los hechos, recomendaron la sanción más severa prevista en el régimen policial.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad resolvió aplicar la cesantía del efectivo. Esta medida, que se hizo efectiva este jueves por la mañana, podría no ser la última palabra en su situación dentro de la fuerza.

La resolución ministerial deja una puerta abierta a una sanción aún mayor. En el caso de que la Justicia penal, en su causa separada, determine la responsabilidad del agente en el delito de hurto agravado, la cesantía podría convertirse en una exoneración definitiva.