Un policía cobraba por verificar autos secuestrados y no rendía la plata: terminó condenado junto a dos cómplices

Un policía que se desempeñaba en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial fue condenado a tres años de prisión condicional, una multa de $1.296.000 e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación que lo llevó a juicio detectó que habría cobrado dinero por verificaciones vehiculares sin rendirlo al Fondo Único Policial.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado homologado por la jueza Claudia Puerta, a partir del acuerdo entre las defensas y la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva. Junto al uniformado fueron condenadas otras dos personas: Ángel Emanuel Franco y Mariela del Valle Herrera.

Qué maniobras se investigaron

Los hechos se enmarcan en la causa contra la falsa financiera Ríos & Asociados, donde vehículos secuestrados por la Justicia terminaban transferidos o vendidos de forma irregular. El caso que dio origen a la investigación fue un Ford Focus que estaba bajo custodia judicial desde marzo de 2022 y que, sin autorización de la Fiscalía ni del juzgado, apareció en abril de 2024 registrado a nombre de otra persona. Sobre ese auto se había constituido una prenda superior a los $11 millones.

Según determinaron los investigadores, el policía César Daniel Fernández —que cumplía funciones como verificador— firmó un Formulario 12 certificando la supuesta verificación física del rodado. Ese documento fue clave para concretar la transferencia y obtener el crédito prendario. Franco habría actuado como nexo entre los involucrados, mientras que Herrera, que trabajaba como gestora, hizo consultas sobre el dominio del vehículo y mantuvo comunicaciones con Franco durante los días en que se tramitó la documentación.

La Toyota Hilux y los 500 formularios

Durante un allanamiento en la casa de Franco, los investigadores encontraron papeles vinculados a una Toyota Hilux que también había sido secuestrada en marzo de 2022 en el marco de la causa Ríos & Asociados y que permanecía en el área de Movilidad del Poder Judicial. Entre esos elementos apareció otro Formulario 12 firmado por Fernández y un Formulario 08 con el que se habría simulado la venta de la camioneta por $13 millones. El titular registral declaró que nunca la había vendido y que años atrás la había entregado a la financiera como parte de una inversión.

La investigación también avanzó sobre la actividad de Fernández como verificador policial. En el allanamiento de su domicilio se secuestraron 500 formularios de verificación vehicular. Del análisis de esa documentación y de distintos testimonios, la UDEC detectó 36 operaciones en las que el policía habría realizado verificaciones y recibido dinero en efectivo que no fue rendido ni ingresó al Fondo Único Policial. Por esos episodios fue condenado por 36 hechos de concusión, la figura penal que castiga al funcionario que exige o recibe indebidamente dinero aprovechándose de su cargo.

Las otras condenas

Franco recibió una pena de un año de prisión condicional por dos hechos de estafa en concurso ideal con el uso de documentación pública falsa. Herrera fue condenada a la misma pena por una estafa vinculada con el uso de un instrumento público falso. Además, la Justicia ordenó anular la inscripción registral del Ford Focus y el Formulario 08 utilizado en la operación con la Toyota Hilux.

La condena al policía incluyó también reglas de conducta que deberá cumplir durante el período de ejecución condicional de la pena.