Un policía manejaba borracho por la ruta 36 y atropelló a una mujer: ahora la Justicia lo espera
Un policía de 25 años manejaba con un nivel de alcohol que la ley salteña no perdona y atropelló a una mujer que cruzaba la ruta 36 en Rosario de Lerma. La víctima terminó operada y el efectivo deberá enfrentar a la Justicia: lo que arrojó el test de alcoholemia deja sin margen a cualquier defensa.
Un efectivo policial de 25 años quedó en la mira de la Justicia salteña después de protagonizar un siniestro vial en Rosario de Lerma. El test de alcoholemia que le practicaron tras el impacto arrojó 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre, un número que choca de frente con la ley de alcohol cero que rige en la provincia.
El fiscal penal Daniel Escalante ordenó citar al uniformado a una audiencia de imputación para este jueves 15 de octubre. La acusación que se le endilga es la de presunto autor de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito.
La mujer embestida terminó hospitalizada y debió pasar por el quirófano. El caso, que comenzó como un choque más en la ruta provincial 36, escaló rápido por el resultado del dosaje: el conductor dio positivo y ahora deberá sentarse frente a un fiscal.
Cómo fue el choque en la ruta 36
El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre, cerca de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 9 de la ruta provincial 36, en las inmediaciones del ingreso al barrio Rastreador Fournier.
Según la denuncia, la mujer intentaba cruzar la ruta para llegar a ese barrio. Antes de pisar el asfalto, aseguró que miró hacia ambos lados y no vio ningún vehículo acercándose. Cuando estaba a punto de terminar de cruzar, una motocicleta que iba en dirección a Campo Quijano la embistió.
De acuerdo con el relato de la víctima y de un testigo presencial, el rodado se desplazaba a gran velocidad. El impacto le provocó lesiones de consideración y obligó a su traslado inmediato para recibir asistencia médica.
La fractura y la operación que pesan en la causa
Como consecuencia del choque, la damnificada sufrió una fractura de peroné izquierdo. La gravedad de la lesión hizo necesaria una intervención quirúrgica en la que los médicos debieron colocarle tornillos.
El certificado incorporado a la investigación estableció un plazo estimado de 90 días de curación e incapacidad laboral, siempre que no aparezcan complicaciones o secuelas. Ese diagnóstico es uno de los elementos centrales de la acusación que prepara la Fiscalía.
El uniformado, por ahora, está citado a declarar. La audiencia de imputación marcará el primer paso formal de un proceso que recién comienza.