Un policía que declaró por la golpiza a la comunidad qom confesó qué le dijeron sus jefes antes de hablar
Un oficial que declaró por la golpiza a la comunidad qom en Fontana contó ante el tribunal qué le dijeron sus jefes antes de hablar. La advertencia que reveló en plena audiencia y el reconocimiento que hizo un excomisario.
El juicio por la golpiza y la violencia institucional contra integrantes de la comunidad qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana sumó un capítulo inesperado. Durante la sexta audiencia del debate oral, realizada el martes, un oficial que declaró como testigo reveló que sus superiores lo presionaron para condicionar su testimonio mientras se sustanciaba la investigación.
La causa investiga lo ocurrido en la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la comisaría Tercera de Fontana irrumpieron sin orden judicial en una vivienda del barrio. Los integrantes de la comunidad qom sufrieron agresiones físicas, amenazas y vejaciones, tanto en el domicilio como después en la dependencia policial.
La advertencia que sacudió la sala
El primero en exponer fue el oficial principal Héctor Ariel Velázquez, quien en 2020 se desempeñaba en la seccional Segunda de Fontana y había intervenido en actuaciones vinculadas al hecho que ahora se juzga. Ante el tribunal dijo tener dificultades para recordar detalles de los procedimientos y lo atribuyó a la cantidad de intervenciones en las que participó.
Sin embargo, el interrogatorio dejó al descubierto contradicciones entre sus respuestas y la declaración que había brindado el 13 de octubre de 2020. En aquella oportunidad, según consignó el portal judicial Litigio, el efectivo había identificado a integrantes de la fuerza a partir de los registros audiovisuales que hoy integran el expediente. Ese antecedente fue confrontado con sus dichos actuales.
Fue entonces cuando Velázquez contó que había recibido presiones de sus superiores cuando debía prestar declaración ante mandos policiales. Según relató, lo amenazaron con sanciones y con la apertura de actuaciones sumariales. Entre los superiores que mencionó aparecen el comisario mayor Godoy y el comisario Ariel Alejandro Gonzalo González. El testigo describió el mensaje que, según sostuvo, le transmitieron: «En esta causa alguien tiene que caer».
La denuncia abre un interrogante sobre el comportamiento de la propia estructura policial durante la investigación y sobre las condiciones en que se recogieron los testimonios de los efectivos que podían aportar información sobre el operativo.
El reconocimiento del excomisario
El segundo testimonio de la jornada correspondió a Orlando Ismael Trangoni, quien era segundo jefe de la comisaría Tercera de Fontana al momento de los hechos. Al comenzar manifestó desconocer los motivos precisos de su citación y expresó dificultades para recordar aspectos del procedimiento.
No obstante, la exhibición de los registros audiovisuales incorporados a la causa permitió avanzar en la identificación de los policías que participaron de los operativos, tanto en la vivienda como dentro de la dependencia. A partir de esas imágenes, el excomisario reconoció a Diego Adrián Latorre, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti, Cristian Benítez, Cristian Borda y Marcelo Eduardo Blanco. También identificó a Sofía González, a quien señaló como responsable de la guardia.
Trangoni reconoció además las maniobras que utilizó el personal policial para trasladar a las personas aprehendidas hacia el interior de la comisaría. Y ratificó que, conforme a las normas de actuación policial y a la Ley de Seguridad Pública, toda persona detenida con lesiones debe ser trasladada de inmediato a Sanidad Policial. Su testimonio aportó elementos sobre la intervención de los efectivos y sobre las obligaciones que tenía la dependencia para resguardar la integridad física de los detenidos.
Diez imputados y un juicio que tardó en arrancar
El expediente fue elevado a juicio en abril de 2022, pero el inicio del debate oral se demoró por sucesivas suspensiones y reprogramaciones. Las audiencias comenzaron finalmente el pasado 5 de octubre.
Son diez los efectivos policiales imputados por distintos delitos. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan cargos por vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena afronta acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.
La causa cuenta con un bloque acusador de peso. Intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, representado por Guillermo Cuellar. También actúa la defensora oficial 14, Karina Paz, en representación de las víctimas. Amnistía Internacional Argentina participa como «amigo del tribunal», representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula, y la traducción durante el proceso está a cargo de Yolanda González.
