Un policía retirado volvió a ascender: quién firmó y qué pide el PJ

El Bloque Justicialista de San Luis presentó un pedido de informes para que el Gobierno provincial explique cómo el hermano de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, volvió a ascender en la Policía pese a estar retirado desde 2023. La iniciativa llegó después de que se conociera que el doble ascenso fue incluido en un mismo documento.

La solicitud fue dirigida al Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y los organismos que intervinieron en el trámite. El caso gira en torno a dos decretos: el 4176-MS-2023, que dispuso el retiro obligatorio del policía, y el 9126-MS-2026, que lo reincorporó a la estructura policial y formalizó su ascenso a través de la Junta de Calificaciones.

El decreto de 2026 lleva las firmas del gobernador Claudio Poggi, la ministra Nancy Sosa y la ministra de Hacienda, María Eugenia Sosa Herrera.

Qué exige la oposición

El proyecto reclama una copia certificada del Decreto 9126 y del expediente administrativo completo que sirvió de base para el ascenso. Los legisladores quieren saber si el retiro de 2023 quedó firme o si después fue recurrido, suspendido, modificado, revocado o dejado sin efecto.

También piden reconstruir la situación de revista del policía entre 2023 y el ascenso de 2026, un período que, según el planteo legislativo, quedó sin explicación pública. Preguntan si fue convocado nuevamente a prestar servicios pese a estar retirado y, en caso afirmativo, bajo qué norma se produjo esa reincorporación.

Otro punto del pedido apunta a la aplicación del artículo 18, inciso c), de la Ley XV-0982-2017, una excepción que permitiría la continuidad de la carrera policial, la acumulación de antigüedad y la posibilidad de promoción.

Por último, el bloque solicitó las actas de la Junta de Calificaciones, dictámenes, resoluciones y demás antecedentes que habilitaron el ascenso. Con esa documentación buscan reconstruir el procedimiento administrativo que permitió que el hermano de la ministra de Seguridad volviera a quedar alcanzado por la carrera policial y accediera a una promoción.

Una costumbre poggista

El episodio se suma a otros cuestionamientos que ya habían surgido durante la gestión de Claudio Poggi por la estructura del Estado provincial, las designaciones y la presencia de familiares en cargos de gobierno. La polémica volvió a instalarse con el anuncio de una nueva Ley de Ministerios con la que el Ejecutivo busca reducir la cantidad de cargos, mientras desde la oposición reclaman conocer la estructura real de funcionarios y contratados antes de evaluar el alcance de la reforma.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Ernesto Alí, cuestionó en diálogo con este medio el esquema actual y sostuvo que San Luis tiene 23 ministerios y secretarías con rango ministerial para una población de aproximadamente 540.000 habitantes, además de unos 30 organismos estatales. En ese marco, denunció la existencia de “contratos fuera de escala” que, según afirmó, funcionarían como “funcionarios encubiertos”, y cuestionó la presencia de familiares del gobernador dentro de la administración provincial.

Entre los casos que mencionó aparece María Victoria Poggi, hija del mandatario, quien se desempeña como subdirectora de Personas Jurídicas, y Sandra Correa, esposa del gobernador, quien participa como asesora ad honorem. Las designaciones y funciones fueron señaladas por Alí como parte de un esquema que, a su entender, requiere mayor transparencia, aunque la sola existencia de vínculos familiares no constituye por sí misma una irregularidad.

El diputado también puso el foco en la falta de información pública sobre la cantidad total de funcionarios y contratados de la administración provincial, un dato que considera necesario para determinar si la anunciada reducción de ministerios implica un achicamiento real del Estado o solo una reorganización de cargos. “Una cosa es cambiar figuritas de lugar, y otra cosa es hacer un recorte”, sostuvo.