Un policía tucumano es investigado por financiar una red de explotación de menores en Santiago

Un efectivo oriundo de Tucumán y un comerciante de Quimilí están acusados de financiar un grupo de WhatsApp que comercializaba material íntimo de adolescentes, en un caso que estalló cuando una menor se negó a un encuentro sexual. La investigación, que involucra a la Policía de Santiago del Estero, se desató tras una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 9 de esa ciudad y ya tiene a dos hombres identificados como presuntos partícipes necesarios.

La denuncia que destapó la red

El escándalo salió a la luz el domingo 13 de enero, cuando una madre descubrió que su hija de 16 años había recibido $10.000 por enviar fotos y videos en total desnudez a través de un grupo de WhatsApp. La adolescente, al parecer con la complicidad de una hermana mayor que le facilitó una billetera virtual, realizó varios “trabajos” de este tipo para los administradores del grupo.

La situación escaló cuando la administradora, identificada como “María” del barrio Alomo, presionó a la joven para que aceptara un encuentro sexual con uno de los financistas, ofreciendo un pago aún mayor. Al negarse la menor y proponer devolver el dinero, la administradora adoptó un tono extorsivo, advirtiéndole que “al grupo ingresan, pero no salen cuando quieren”.

La extorsión y la caída del sistema

Como represalia, “María” difundió las imágenes íntimas de la adolescente por Quimilí, lo que alertó a familiares y terminó por llegar a la madre de la víctima. Frente al inminente escándalo, la joven primero intentó argumentar un hackeo a su Instagram, pero finalmente confesó la verdad. Fue su hermana quien, al parecer ya conocedora de las actividades del grupo, proporcionó a la madre los nombres de dos de los presuntos financistas.

Estos son el comerciante L.A.M. y el policía J.M.S.P., cuyas identidades quedaron plasmadas en la denuncia formal presentada en la Comisaría Comunitaria N° 9, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 12 de Quimilí. Ante la gravedad de las acusaciones, ambos hombres intentaron gestionar recursos de eximición de prisión, aunque la Justicia en período de feria judicial complicó los trámites.

El perfil del policía tucumano involucrado

Uno de los aspectos que más llama la atención es el trasfondo del efectivo policial implicado. Según trascendió, J.M.S.P. es oriundo de Tucumán y se radicó en Santiago del Estero hace años. Su historia personal da un giro llamativo: antes de ingresar a la fuerza, habría pasado por un seminario con la intención de convertirse en sacerdote. Finalmente, optó por la carrera policial y actualmente presta servicios en Quimilí.

La investigación sugiere que el grupo de WhatsApp, denominado “Encuentro y venta de contenidos”, funcionaba como una antesala para la prostitución. “María” actuaba como puente y controlaba la calidad del material que producían las adolescentes, lo que configura delitos como tenencia y distribución de pornografía infantil y proxenetismo.

Avances de la investigación y próximos pasos

Aunque el grupo fue desactivado y la administradora bloqueó a sus contactos, las autoridades ya cuentan con evidencia clave. Las víctimas y sus familiares proporcionaron a la Justicia capturas de pantalla, mensajes, listas de precios e instrucciones específicas sobre poses, lencería y escenarios para la producción del material.

La Fiscalía planea trasladar a la adolescente de 16 años a la ciudad de Santiago del Estero para brindarle contención psicológica y tomar su declaración. También declararán su hermana y su madre, de 35 años. Los investigadores no descartan que el número de víctimas sea mayor y que algunas hayan sido forzadas a la prostitución, por lo que se preparan allanamientos y secuestros de equipos tecnológicos.

Los voceros de la investigación indicaron que la red de financistas excedía los límites de Quimilí, involucrando a personas de otras ciudades cuyas identidades serían conocidas por la administradora “María”. El caso, que comenzó con la difusión no consentida de imágenes, podría revelar un negocio de explotación sexual a gran escala en el interior santiagueño.