Un policía, un viaje y un recorrido que no cierra: lo que revela la investigación del crimen de un docente

Un policía bonaerense detenido es el único imputado por el asesinato de Cristian Pereyra, de 39 años, ocurrido el 15 de marzo en Virrey del Pino, partido de La Matanza. La querella pone el foco en detalles llamativos del trayecto que realizaron y cuestiona la responsabilidad estatal, ya que el crimen se cometió con un arma reglamentaria.

La investigación suma interrogantes a medida que se incorporan nuevas pruebas. El efectivo Matías Vizgarra, que hasta antes de su detención prestaba servicio en la Base UTOI “Puente 12”, solicitó un viaje a la víctima a través de una aplicación.

De acuerdo a la reconstrucción, el trayecto comenzó alrededor de las 3.15 de ese domingo, cuando Vizgarra se subió al Chevrolet Corsa de Pereyra. El policía había intentado conseguir un vehículo en varias oportunidades previas hasta que el viaje fue aceptado.

El destino era la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, donde llegaron cerca de las 3.45. Sin embargo, Vizgarra no bajó en ese lugar y el auto regresó hacia una zona cercana al lugar de partida.

El momento del ataque

Los primeros llamados al 911 fueron registrados a las 4.34, cuando testigos alertaron sobre el ataque en la Autopista Presidente Perón. Pereyra agonizó durante algunos minutos hasta que finalmente falleció.

Luego del ataque, el agresor abandonó el Corsa en Ciudad Evita, junto a las vías del Belgrano Sur, y caminó hasta la base de la UTOI La Matanza, ubicada a unas 15 cuadras. Horas después, fue detenido.

“No había nada extraño en la toma del viaje, pero sí hay que determinar qué pasó en el medio, si lo obligó a hacer un recorrido diferente y si Cristian se negó”, explicó a TN el abogado de la familia, Roberto Torres, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), que actúa como particular damnificado junto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Pruebas que reconstruyen el trayecto

Las cámaras de seguridad y el análisis de antenas telefónicas serán clave para reconstruir ese trayecto. Torres indicó que existen registros que muestran al auto pasando de ida y vuelta por la misma zona, incluso frente a la casa del acusado, aunque ese material aún no fue incorporado formalmente al expediente.

Otro elemento determinante es la mecánica del ataque. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el docente fue baleado cuando intentaba escapar. Todos los disparos fueron efectuados por la espalda: tres impactaron en el torso y dos en los brazos.

El dato se vincula con el faltante de cinco proyectiles en el arma reglamentaria del imputado, que tenía 13 municiones y quedó con ocho luego del hecho.

Calificación legal y responsabilidad estatal

La calificación legal actual es la de homicidio criminis causa. Es decir, matar para ocultar otro delito y en este caso, el robo del vehículo. A eso se suma el agravante por el uso de arma de fuego, con un punto que la querella busca destacar: es el arma provista por el Estado al acusado en su condición de policía de la Bonaerense.

En ese sentido, uno de los ejes del reclamo se relaciona con la responsabilidad estatal. “El crimen fue cometido con un arma reglamentaria y por una persona con estado policial permanente”, señaló Torres, que también pidió acceder al legajo del efectivo para determinar si tenía antecedentes o sanciones previas.

El letrado, además, cuestionó la intervención inicial de la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires al considerar que pudo haber afectado el control de las primeras medidas en el lugar del ataque. Por eso, se analiza el accionar policial tanto previo como posterior.

Pericias pendientes y contexto social

Por el momento, no hay elementos que indiquen la participación de otras personas y todo señala que el imputado, de 23 años, actuó solo. Sin embargo, restan pericias clave, como el análisis de su teléfono celular, que podrían aportar datos sobre la planificación o motivación del crimen.

El contexto social en el que ocurrió el asesinato también forma parte del planteo de la querella. Pereyra era docente y atravesaba una situación económica compleja: buscaba sumar horas de trabajo, hacía viajes en aplicaciones y también se desempeñaba como mecánico en su propio taller para sostener a su familia y afrontar gastos, como el alquiler.