Un policía verificaba autos secuestrados: lo que encontraron en su casa lo complicó todo

César Daniel Fernández era el encargado de verificar los vehículos que quedaban bajo custodia judicial en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial de Salta. Su firma certificaba que un auto estaba en orden. Pero esa firma, según la Justicia, sirvió para que autos secuestrados en una causa por estafa terminaran transferidos a otras manos y hasta prendados por millones de pesos. La jueza Claudia Puerta lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional, multa de $1.296.000 e inhabilitación absoluta perpetua.

La sentencia se dictó en un juicio abreviado homologado por la magistrada, en el que la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal junto al auxiliar fiscal Pablo Nieva. Junto a Fernández fueron condenados Mariela del Valle Herrera y Ángel Emanuel Franco.

Los autos de la causa Ríos & Asociados

Todo empezó con un Ford Focus que estaba secuestrado desde marzo de 2022 en el marco de la investigación por la falsa financiera Ríos & Asociados. El auto seguía físicamente en el Depósito de Secuestros, pero en abril de 2024 apareció transferido a nombre de otra persona y con una prenda constituida por más de $11 millones.

Los investigadores de la UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales establecieron que Fernández, como verificador, había firmado un Formulario 12 que certificaba la verificación del Focus. Ese papel fue la llave para la transferencia registral y para el crédito prendario. Franco, según la investigación, actuó como nexo entre los involucrados, mientras que Herrera, gestora, consultó el estado del dominio ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y mantuvo numerosas comunicaciones con Franco en los días de los trámites.

Con esos elementos, la fiscal pidió allanar las viviendas de los implicados. En la casa de Franco apareció documentación de una Toyota Hilux que también había sido secuestrada en marzo de 2022 en la causa Ríos & Asociados y luego entregada en depósito judicial al Área de Movilidad del Poder Judicial.

Entre los papeles había un Formulario 12 firmado por Fernández, un Formulario 08 que simulaba la compraventa de la camioneta por $13 millones y documentación de un crédito prendario. El titular registral declaró en la UDEC que nunca había vendido el vehículo y que lo había entregado años antes a la financiera como parte de una inversión.

500 formularios y 36 hechos de concusión

Pero la investigación no terminó ahí. Durante el allanamiento de la casa de Fernández, los investigadores secuestraron 500 formularios de verificación vehicular. Tras analizar esa documentación y tomar declaraciones testimoniales, la UDEC estableció 36 hechos en los que el policía habría realizado verificaciones y recibido dinero en efectivo que no fue rendido ni ingresó al Fondo Único Policial.

Por eso la condena incluye falsificación ideológica de instrumento público agravada por su función pública (dos hechos), en concurso ideal, y en calidad de partícipe necesario de estafa (dos hechos), y concusión (36 hechos), en concurso real. Además de la pena, la jueza le impuso reglas de conducta.

Franco recibió un año de prisión de ejecución condicional por dos hechos de estafa en concurso ideal con dos hechos de uso de instrumento público falso. Herrera recibió la misma pena por un hecho de estafa en concurso ideal con uso de instrumento público falso. Ambos también deberán cumplir reglas de conducta.

La jueza dispuso, además, la anulación de la inscripción registral del Ford Focus y del Formulario 08 vinculado a la Toyota Hilux.