Un policía verificador firmó los papeles y los vehículos secuestrados cambiaron de dueño: la Justicia ya tiene un veredicto

Un efectivo que trabajaba en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial de Salta fue condenado por haber participado en la transferencia irregular de vehículos que estaban bajo custodia judicial. La sentencia, dictada en un juicio abreviado, alcanzó también a dos personas que actuaron como nexo y gestora. Ninguno irá a la cárcel: las penas son de ejecución condicional.

El fallo recayó sobre César Daniel Fernández, Ángel Emanuel Franco y Mariela del Valle Herrera. Fernández, que se desempeñaba como verificador policial, recibió tres años de prisión condicional, una multa de $1.296.000 y la inhabilitación absoluta perpetua. Franco y Herrera fueron condenados a un año de prisión condicional cada uno y deberán cumplir reglas de conducta.

El auto que apareció a nombre de otro

Todo empezó con un Ford Focus que había sido secuestrado en marzo de 2022 en el marco de la causa contra la financiera Ríos & Asociados. El rodado seguía físicamente en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial, pero en abril de 2024 apareció registrado a nombre de otra persona. Sobre ese vehículo, además, se había constituido una prenda por más de $11 millones.

La documentación fue clave: Fernández, en su rol de verificador, firmó un Formulario 12 que certificaba la verificación del auto. Con ese trámite se pudo avanzar en la transferencia registral y luego obtener un crédito prendario. En la maniobra, Franco habría operado como nexo entre los involucrados, mientras que Herrera, gestora, hizo consultas sobre el estado registral del vehículo y mantuvo comunicaciones con Franco en los días en que se concretaron los trámites.

La Hilux y el negocio que se repitió

El caso no terminó con el Focus. Durante un allanamiento en el domicilio de Franco se encontró documentación vinculada a una Toyota Hilux que también había sido secuestrada en marzo de 2022 en la causa Ríos & Asociados. Entre los papeles había un Formulario 12 firmado por Fernández y un Formulario 08 que simulaba la compraventa de la camioneta por $13 millones, junto con documentación de un crédito prendario.

El titular registral del vehículo declaró que nunca había vendido la Hilux y que años antes la había entregado a la financiera como parte de una inversión. Según los elementos reunidos en la causa, Fernández volvió a intervenir en la verificación del rodado, mientras que Franco participó en las gestiones para concretar la transferencia y obtener el crédito.

La jueza Claudia Puerta dispuso anular la inscripción registral del Ford Focus y el Formulario 08 correspondiente a la Toyota Hilux.

Los 36 hechos que complicaron al verificador

La investigación también detectó otras irregularidades en la actividad de Fernández como verificador policial. En el allanamiento de su vivienda se encontraron 500 formularios de verificación vehicular. Tras analizar esa documentación y tomar declaraciones testimoniales, se establecieron 36 hechos en los que Fernández habría realizado verificaciones y recibido dinero en efectivo que no fue rendido ni ingresó al Fondo Único Policial.

Por esos hechos, además de las maniobras con los dos vehículos secuestrados, Fernández fue condenado por falsificación ideológica de instrumento público agravada por su función pública en dos hechos, participación necesaria en dos estafas y concusión en 36 hechos.

Con las condenas y la anulación de los trámites registrales, la Justicia dejó establecido el mecanismo utilizado para intentar disponer de vehículos que permanecían bajo custodia en la causa Ríos & Asociados.