Un profesor de la EPET 45 de Posadas quedó en la mira por lo que hacía con sus alumnas por WhatsApp

Un profesor de la EPET N.º 45 de Posadas fue denunciado por presuntas conversaciones inapropiadas con alumnas menores de edad, un caso que podría encuadrar en el delito de grooming y que salió a la luz a partir de las protestas estudiantiles que sacudieron al establecimiento.

La abogada especialista en derecho de familia Florencia Collinet (MP 4187) contó en el programa «Día Siete» de Misiones Online TV que una madre se presentó junto a su hija adolescente para radicar la denuncia contra el docente.

Según la profesional, el hombre mantenía intercambios por WhatsApp y redes sociales con las chicas fuera del horario escolar y sobre temas que nada tenían que ver con lo pedagógico.

Qué habría hecho el docente, según los testimonios

Collinet explicó que la situación comenzó a conocerse durante la toma pacífica de la escuela, cuando estudiantes y familiares abrieron espacios de diálogo y empezaron a aparecer situaciones que hasta ese momento nadie había contado a los adultos.

“Varios padres tomaron conocimiento acerca de un hecho que no estaba bien, que era un profesor que hablaba vía WhatsApp, por redes sociales con sus alumnas fuera de días y horarios no convencionales”, relató la abogada.

De acuerdo con los testimonios que llegaron a las familias, el profesor habría pedido fotografías, comentado publicaciones personales de las alumnas y sostenido intercambios que excedían claramente el vínculo entre un docente y sus estudiantes.

“Solicitaba fotografías, comentaba estados, hacía comentarios quizás que no son los cuales podría tener un profesional, digamos, un profesor con sus alumnos”, señaló Collinet.

La denuncia y la chance de que haya más alumnas involucradas

La presentación se hizo después de que una madre se enterara de las conversaciones que su hija habría mantenido con el docente. Según la profesional, la adolescente no habría accedido a mandar fotos y trataba de limitar los intercambios.

Sin embargo, en las charlas entre integrantes de la comunidad educativa empezaron a circular referencias a otras alumnas que presuntamente habrían recibido regalos del profesor.

“Esta mamá que toma el coraje y va con su hija y realizan la denuncia el día jueves”, sostuvo la abogada.

Sobre la posibilidad de que haya más estudiantes afectadas, Collinet aclaró que se trata de información que surgió de comentarios y que deberá corroborarse con una investigación.

Por eso pidió que las adolescentes que hayan pasado por situaciones similares se lo cuenten a sus familias y se acerquen a las autoridades.

“Si hay más víctimas, que no tengan miedo, que se acerquen a hacer la denuncia, si esto es real, digamos”, expresó.

La especialista remarcó que las relaciones de autoridad complican que los adolescentes cuenten situaciones que les generan incomodidad o temor, sobre todo cuando el adulto involucrado es quien tiene a cargo su educación. Y fue tajante en un punto: responder mensajes o sostener una conversación no convierte a un menor en responsable de la conducta indebida de un adulto.

El profesor sigue en la escuela y esperan definiciones

Consultada sobre la situación laboral del denunciado, Collinet afirmó que al momento de la entrevista el hombre continuaba trabajando en el establecimiento.

“Actualmente el profesor sigue, vamos a ver qué deciden las autoridades después de esta denuncia”, manifestó.

La abogada indicó que, según la información que recibió, la Defensoría ya estaba al tanto de la nueva presentación. Consideró que les corresponde a los organismos competentes evaluar qué medidas tomar para proteger a los estudiantes y determinar si hubo alguna conducta delictiva.

Igual, insistió en que la denuncia debe investigarse con todas las garantías legales y sin anticipar responsabilidades.

“Por supuesto no por un mensaje o dos mensajes significa que se constituye un delito. Tiene que tener todos los requisitos que están contemplados en nuestro Código Penal”, aclaró.

Qué dice el Código Penal sobre el grooming

La especialista explicó que una de las figuras que deberá analizarse en la investigación es el grooming, contemplado en el artículo 131 del Código Penal argentino.

Esa norma prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien contacte a una persona menor de edad mediante comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones u otras tecnologías de transmisión de datos con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

Collinet recordó que no hace falta que exista un encuentro cara a cara para que se configure el delito, aunque sí debe acreditarse la finalidad que marca la ley.

En ese marco, subrayó la importancia de conservar los mensajes, las fotografías, los registros de conversaciones y cualquier otra evidencia digital que pueda ser relevante.

“Hay que tener en cuenta también esto, que es muy importante, por la huella digital, justamente, para ver el patrón que seguía con sus alumnos, de los comentarios que se hacían, si eran fuera del contexto, dentro del contexto escolar”, explicó.

Agregó que el análisis de esos elementos permitiría establecer si hubo conductas reiteradas y verificar la autenticidad de los intercambios denunciados.

La EPET 45 ya estaba intervenida por denuncias de maltrato

La nueva presentación llega después de una serie de conflictos institucionales que derivaron en protestas de estudiantes y padres en la EPET N.º 45 de Posadas.

El 9 de octubre, el Consejo General de Educación de Misiones dispuso la intervención del establecimiento, el inicio de un sumario administrativo y la separación preventiva de su directora y dos docentes, a raíz de denuncias por presuntos malos tratos, hostigamiento e irregularidades institucionales.

Collinet señaló que, tras esos cambios, las familias reconocieron algunas mejoras en el funcionamiento escolar, pero advirtió que persisten reclamos por presuntas represalias contra estudiantes que participaron de las manifestaciones.

“Le dan diferentes exámenes, no los escuchan, los hacen de menos, hay un cierto maltrato disfrazado, por supuesto, institucional”, sostuvo al describir lo que le transmitieron algunos padres.

También relató que, según esos testimonios, hubo adolescentes que atravesaron episodios de angustia y ataques de pánico. Para la profesional, las autoridades educativas y los organismos de protección de derechos deben seguir de cerca la situación.

El pedido: proteger a los chicos y una investigación seria

Collinet remarcó que las denuncias que involucran a figuras de autoridad necesitan una atención especial, porque los estudiantes pueden sentir miedo a represalias o vergüenza a la hora de contar lo que les pasó.

Para la especialista, la responsabilidad de los adultos y de las instituciones pasa tanto por escuchar a quienes denuncian posibles vulneraciones de derechos como por garantizar investigaciones rigurosas.

“Que una persona menor de edad encuentre protección cuando habla y que una investigación sea seria cuando se denuncia”, expresó.

Ahora resta saber qué medidas adoptarán las autoridades judiciales y educativas, y si aparecen otros testimonios o elementos probatorios que permitan esclarecer los hechos.

La identidad de la adolescente denunciante y la del docente señalado se mantienen bajo reserva. Hasta el momento, los hechos relatados son denuncias y testimonios que deben ser investigados, sin que eso implique una determinación de responsabilidad penal.