Un profesor del IUPA bajo la lupa de la Justicia: las duras restricciones que le impusieron por acoso digital

La jueza de Garantías de Roca, María Gadano, tomó una decisión que sacudió al ámbito académico: aplicó medidas cautelares excepcionales contra el docente de violín Marco Fattorello, acusado de hostigamiento digital y amenazas que surgieron tras un conflicto gremial en el IUPA. La defensa del imputado ya anticipó su rechazo a la medida.

La fiscal Jessica González y los querellantes Martín Palumbo y Milton Díaz Villegas pidieron protección para las víctimas. Según la acusación, Fattorello usó sus redes sociales —donde acumula más de 137.000 seguidores en Instagram— para difundir fotos, teléfonos y datos personales de los denunciantes, alentando públicamente el acoso y las amenazas de muerte contra ellos.

¿Cómo empezó todo?

El conflicto en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes se originó el 17 de marzo de 2026. Lo que comenzó como una disputa presencial, con denuncias de insultos y empujones, pronto se trasladó al plano virtual. El caso más grave es el de una docente: después de que Fattorello publicara un video con su número de teléfono y su lugar de trabajo, ella empezó a recibir mensajes anónimos violentos como "te voy a matar" y amenazas de abuso. El acoso, tanto en la calle como en internet, la obligó a modificar por completo su rutina diaria.

Los otros denunciantes también sufrieron situaciones parecidas. Un trabajador de la institución recibió advertencias de que lo iban a golpear y que quemarían su casa. Además, dos estudiantes fueron expuestas en las redes del imputado.

Las restricciones impuestas

Aunque la causa está en una etapa preliminar y todavía no hay cargos formales, la jueza Gadano consideró que había urgencia y riesgo de entorpecimiento. "Los operadores del sistema por lo menos debemos intentar bajarle la espuma al conflicto o por lo menos frenarlo", sostuvo, basándose en el artículo 14 del Código Procesal Penal, que busca restablecer la paz social.

Las medidas rigen por cuatro meses, hasta el 20 de diciembre de 2026. Fattorello tiene prohibido acercarse a menos de 30 metros de los denunciantes, incluso en la vía pública. Si se cruza con ellos, debe dar media vuelta y retirarse. Además, no puede tener ningún tipo de contacto físico o digital con las víctimas, ni hacer publicaciones o menciones directas o indirectas sobre ellas.

La defensa y el imputado responden

El defensor oficial Miguel Salomón se opuso a la restricción de acercamiento laboral y a las prohibiciones en redes. Aseguró que afectan la libertad de trabajo de su cliente —quien fue reubicado temporalmente en el Museo de Ciencias Naturales— y su derecho a expresarse. También cuestionó que exista un delito, argumentando que publicar imágenes de protestas públicas no es instigación.

Fattorello, por su parte, negó haber agredido a los denunciantes y dijo que sus publicaciones buscan visibilizar el conflicto escolar. "La restricción de acercamiento desde mi punto de vista la piden para eliminarme de la universidad y de esa manera poder seguir manteniendo en las sombras lo que yo intento exponer", declaró, y agregó que intenta denunciar la utilización política y gremial de los estudiantes.