Un profesor quedó a un paso del juicio oral por lo que habría pasado con una alumna de 14 años

Un docente de una escuela secundaria de la ciudad de San Luis deberá sentarse en el banquillo. La Justicia rechazó los intentos de la defensa por frenar la causa y elevó a juicio oral la acusación por un intento de abuso sexual y amenazas coactivas contra una alumna que tenía 14 años al momento del hecho, ocurrido en 2024 dentro del establecimiento educativo.

La decisión la tomó el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, durante una audiencia de control de acusación. El magistrado desestimó los planteos de la defensa, que había pedido el sobreseimiento del acusado o, en su defecto, la nulidad de la acusación.

La Fiscalía de Género N° 2, a cargo de Antonella Córdoba, imputa al profesor por “abuso sexual en grado de tentativa, agravado por ser encargado de la educación, en concurso real con amenazas coactivas”. Por esos delitos pidió una condena de tres años de prisión.

Qué sostiene la acusación

Según la fiscal Córdoba, el profesor se acercó a la adolescente mientras ella estaba en el establecimiento educativo y le dijo que era “muy hermosa” y que podía ayudarla “en muchas cosas” si se dejaba tocar. Luego, siempre de acuerdo con la Fiscalía, intentó besarla.

La adolescente se levantó y caminó hacia la puerta. En ese momento, el acusado la habría tomado de un brazo y la habría amenazado: “Si le decís a alguien, te voy a hacer la vida imposible”. La joven logró retirarse del lugar.

Para la Fiscalía, esos hechos configuran un abuso sexual en grado de tentativa, agravado por la relación de autoridad que le daba su condición de profesor, además de amenazas coactivas.

Los argumentos de la defensa

La abogada Yanina Tonetti, a cargo de la defensa, intentó que la causa no llegara a juicio. Cuestionó que no había podido acceder a la videograbación de la audiencia original de formulación de cargos, pese a haberla pedido en varias oportunidades. También sostuvo que el acta de esa audiencia no describía los hechos con suficiente precisión y que eso había afectado el derecho de defensa.

La letrada apuntó además contra la investigación fiscal: planteó que no estaba determinado cuál habría sido el comienzo de ejecución del supuesto abuso sexual en grado de tentativa y señaló que algunas personas que estaban en la escuela al momento del hecho no habrían declarado durante la instrucción.

Con esos argumentos, solicitó el sobreseimiento definitivo del acusado o, de forma alternativa, la nulidad de la acusación por una presunta afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso.

La fiscal Córdoba pidió rechazar los planteos. Sostuvo que la acusación cumplía con los requisitos para avanzar a juicio porque describía los hechos atribuidos, identificaba al acusado, establecía la calificación legal y precisaba la pena solicitada. La Defensora Adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez, acompañó la posición del Ministerio Público Fiscal.

El juez rechazó los pedidos y la causa avanza

Antes de resolver, Montiveros Chada ordenó verificar las actuaciones relacionadas con la formulación de cargos y dispuso un cuarto intermedio para que la defensa y el acusado pudieran acceder a la documentación cuestionada.

Al retomar la audiencia, el magistrado rechazó el pedido de nulidad. Para decidir, consideró —entre otras actuaciones— una audiencia realizada en octubre de 2025 en la que el acusado había prestado declaración con asistencia de su actual defensora. Concluyó que la defensa no había demostrado una afectación insalvable de sus derechos que justificara anular la acusación.

También rechazó el sobreseimiento. Explicó que para cerrar definitivamente una causa antes del juicio debe existir un grado de certeza suficiente sobre circunstancias como que el hecho no ocurrió, que el acusado no fue su autor o que la conducta no constituye un delito. En este caso, consideró que esas condiciones no estaban acreditadas y que las controversias deberán resolverse durante el juicio, mediante la producción y el control de las pruebas.

El magistrado remarcó que los hechos todavía no están probados y que será el debate oral el ámbito en el que se determinará qué ocurrió y la eventual responsabilidad penal del acusado. La defensa dejó planteada la reserva de recurrir la decisión.

Tras resolver los planteos, las partes ofrecieron las pruebas que pretenden usar en el debate. El juez las admitió y dispuso la elevación de la causa a juicio. Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y definir qué tribunal estará a cargo del juicio.