Un programa social clave llega a su fin: qué pasará con los beneficiarios y el dinero que dejará de circular

El Gobierno Nacional decidió terminar con el programa Volver al Trabajo, afectando a casi un millón de personas en todo el país. Los beneficiarios, que recibían 78 mil pesos mensuales, perderán este ingreso complementario, con un impacto económico y social que ya genera críticas desde organizaciones sociales.

La medida fue analizada en Radio Panorama por Jessica Cajal, de Libres del Sur, y Ezequiel Altamirano, del Polo Obrero. Ambos referentes explicaron las consecuencias para las familias que dependían de este apoyo.

“Es un golpe muy duro para la economía de estas familias”, sostuvo Cajal. Agregó que la decisión requiere un análisis más profundo sobre la concepción del Estado respecto al manejo de estos programas.

¿Qué ofrecía el programa más allá del dinero?

Anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, el programa no solo brindaba un ingreso de 78 mil pesos mensuales. También garantizaba obra social, aportes jubilatorios mediante monotributo y la posibilidad de participar en actividades de contraprestación laboral.

Según los referentes sociales, este monto no alcanza para vivir, pero sí constituye un salario complementario para quienes no cuentan con empleo formal. En Santiago del Estero, los beneficiarios realizaban trabajos en diversos oficios.

Desde docentes y cartoneros, hasta tareas de instalaciones eléctricas, veredas y limpieza de barrios, contribuyendo al mantenimiento de infraestructura pública y privada. Se estima que la baja del programa implica que 1.500 millones de pesos dejarán de circular en la provincia.

Ezequiel Altamirano y Jesica Cajal en Radio Panorama

¿Cómo será la reconversión del programa?

El Gobierno reconvirtió el programa en la entrega de vouchers de capacitación en oficios. Sin embargo, los beneficiarios dejarán de percibir los 78 mil pesos, los cuales pasarán a las empresas o capacitadores que administren las capacitaciones.

“No se trata de un ingreso que se mantiene, sino que se le transfiere a la empresa que capacita. Esto demuestra una concepción del gobierno que margina la participación directa de las organizaciones sociales”, explicó Altamirano.

Además, ambos referentes denunciaron irregularidades en el manejo de las suspensiones y judicializaciones de los beneficiarios. Incluyendo casos en los que se les bloqueó el cobro por supuestos viajes durante la pandemia o por percibir otros beneficios, muchas veces basados en datos erróneos.

¿Qué rol cumplen las organizaciones sociales?

Cajal y Altamirano destacaron que las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental en los barrios. Ofrecen contención, educación, capacitación y prevención del narcotráfico, actuando como nexo entre el Estado y las comunidades.

Especialmente para quienes no tienen acceso a internet o información sobre los programas sociales. “Las organizaciones sociales somos la primera barrera de contención en los barrios. No somos culpables de la pobreza: las decisiones económicas y la falta de políticas públicas son las que generan precarización y exclusión”, afirmaron.

Los referentes también criticaron la falta de auditoría real sobre los comedores populares y la distribución de alimentos. Aseguraron que, pese a denuncias y judicializaciones, el Gobierno no ha supervisado ni controlado correctamente estos espacios.

¿A quiénes afecta esta medida?

Según los entrevistados, la medida responde a una estrategia del Gobierno para reducir la organización de los sectores más vulnerables. Ataca no solo a los beneficiarios de programas sociales, sino también a jubilados, personas con discapacidad y la educación pública.

“Lo que hemos visto es cómo la pobreza se profundiza y cómo se precariza el trabajo, mientras se responsabiliza a las organizaciones sociales de problemas estructurales que no les corresponden”, concluyeron Cajal y Altamirano.

El último pago del programa Volver al Trabajo será en abril. En Santiago del Estero, afecta a 18.500 beneficiarios, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza a casi un millón de personas.