Un proyecto de ley que podría cambiar el destino de una universidad entera: ¿Qué se esconde detrás de esta histórica transferencia?

Un senador nacional presentó una iniciativa para ceder un edificio clave a una universidad pública, un movimiento que podría tener repercusiones profundas en la educación superior de la región. La propuesta busca regularizar una situación que lleva más de dos décadas y afecta a miles de estudiantes.

El senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora informó a través de sus redes sociales la presentación de un proyecto de ley para transferir a título gratuito a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) el inmueble ubicado en Av. Belgrano (s) 2180. En ese lugar funciona actualmente la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

Según explicó el legislador, la iniciativa cuenta con la firma de los senadores santiagueños y retoma un proyecto impulsado en 2021 por la entonces senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Ese proyecto anterior había logrado dictamen en comisión en 2023, pero perdió estado parlamentario.

¿Por qué es tan urgente esta transferencia?

“Consideramos necesario impulsar nuevamente ese proceso legislativo”, expresó Zamora, al remarcar la importancia de concretar la transferencia definitiva del edificio al patrimonio de la UNSE. La institución utiliza el inmueble desde hace más de dos décadas, pero sin una titularidad clara.

En ese predio funciona la sede principal de la facultad desde 1998, donde cursan cerca de 10.000 estudiantes en 26 carreras de pregrado, grado y posgrado. La magnitud de la población estudiantil afectada convierte esta regularización en una prioridad educativa.

¿Qué inversiones ya se realizaron en el lugar?

Durante estos años, la universidad realizó múltiples obras de refacción y ampliación con recursos propios, en el marco de un acuerdo previo con el Estado nacional. Estas mejoras se hicieron a pesar de la falta de una transferencia formal, demostrando el compromiso institucional con el espacio.

La presentación de este proyecto legislativo marca un paso crucial hacia la estabilidad jurídica de una infraestructura educativa vital. Los detalles del trámite parlamentario y los plazos estimados para su tratamiento aún están por definirse, pero el impulso político parece consolidado.