Un proyecto en Paraná quiere dejar que las combis escolares circulen más años: qué pasará con las que ya no dan más

La concejal oficialista Fernanda Gerez Facello presentó en el Concejo Deliberante de Paraná un proyecto de ordenanza que busca extender a 20 años la antigüedad máxima permitida para los vehículos afectados al transporte escolar en la ciudad.

La iniciativa pone el foco en un debate que divide aguas: la edad del rodado frente a su estado real. Según los fundamentos del texto, el año de fabricación no debería ser el único parámetro para decidir si una unidad puede seguir prestando el servicio.

El argumento económico detrás de la propuesta

Para la autora del proyecto, obligar a los transportistas a cambiar vehículos que todavía funcionan bien representa un golpe difícil de absorber. La edil sostiene que esa exigencia «puede generar una carga económica difícil de afrontar, que pone en riesgo la continuidad de la actividad y reduce la cantidad de prestadores disponibles».

En esa línea, el texto advierte que la antigüedad, por sí sola, «no resulta suficiente para determinar su falta de condiciones de seguridad, ni para justificar el cese de su utilización».

Dos combis iguales de viejas, dos realidades distintas

Uno de los ejes centrales de la propuesta es que la edad del vehículo no dice nada sobre cómo fue tratado. La concejal plantea que «dos vehículos con igual antigüedad pueden presentar condiciones sustancialmente diferentes en función del mantenimiento realizado, su conservación, el uso al que fueron sometidos, las reparaciones efectuadas, su estado estructural y mecánico y el cumplimiento de las revisiones y verificaciones técnicas correspondientes».

Por eso, propone que la habilitación se base en «una evaluación integral y debidamente fundamentada de sus condiciones de seguridad, funcionamiento y conservación», de modo que se acredite que la unidad, más allá de los años, cumple con los requisitos técnicos exigibles.

Qué cambia en la práctica

El proyecto apunta a reemplazar el criterio del año de fabricación por el del estado efectivo del vehículo. La intención declarada es «avanzar hacia un criterio que no coloque el año de fabricación como único parámetro determinante de la posibilidad de prestar el servicio, sino que permita valorar fundamentalmente el estado efectivo de la unidad y el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles».

La edil aclara que la extensión del plazo no implica bajar los controles. «Permitir que aquellas unidades que se encuentren en condiciones adecuadas puedan continuar afectadas al servicio durante un período razonable, sin que ello implique disminuir los controles ni las exigencias vinculadas con la seguridad de los pasajeros», señala el texto.

Y agrega que la medida «no significa habilitar vehículos que no reúnan las condiciones necesarias para prestar el servicio». Al contrario, la continuidad queda atada al mantenimiento de las condiciones técnicas, mecánicas, de seguridad, higiene y documentación correspondientes.

Antecedentes y cierre del argumento

Según la iniciativa, la posibilidad de extender la permanencia de las unidades hasta los 20 años ya tiene antecedentes en distintas jurisdicciones del país.

El proyecto concluye que la nueva reglamentación evitará «consecuencias económicas desproporcionadas para aquellos prestadores del servicio que han mantenido sus unidades en condiciones adecuadas y que, pese a ello, podrían verse obligados a reemplazarlas exclusivamente por haber alcanzado determinado año de fabricación».