Un pueblo de 3.500 habitantes, tres ediles y una cuenta que la Auditoría no pudo cerrar

La Auditoría General de la Provincia de Salta puso la lupa sobre las cuentas del municipio de General Ballivián y encontró que durante 2020 se hicieron contrataciones sin cumplir con la Ley Provincial 8072, la norma que fija cómo deben comprar y contratar los organismos públicos. Según el organismo de control, esa omisión dejó sin garantías la competencia entre proveedores, la transparencia y la publicidad de las contrataciones.

El municipio, ubicado en el departamento San Martín, tiene apenas unos 3.500 habitantes entre criollos y originarios, y su Concejo Deliberante se compone de solo tres ediles. En ese contexto, la revisión del ejercicio 2020 detectó faltantes de rendición por unos 10 millones de pesos, que actualizados a 2026 rondarían los 400 millones.

Entre los gastos que analizaron los auditores aparecen aproximadamente $2,45 millones en combustibles y lubricantes, $1,8 millones en repuestos y accesorios, $731 mil en productos químicos y medicinales y $1,4 millones en honorarios, entre otros conceptos. Todos corresponden a 2020, el año en que la pandemia de COVID redujo casi todos los servicios municipales a los esenciales.

Un punto que llamó la atención de los concejales fue el pago de honorarios a profesionales contratados en la ciudad de Salta, cuando lo esperable hubiera sido que fueran de Embarcación, Mosconi, Orán o Tartagal, la más cercana a unos 50 kilómetros. La Auditoría aclara que el problema detectado no significa necesariamente que esos bienes o servicios no hayan existido ni que el dinero se haya usado de forma irregular: lo que cuestiona es la forma en que se hicieron las contrataciones, sin las reglas provinciales que garantizan controles y transparencia.

Documentos que no cierran

El organismo concluyó que ni el Estado de Situación del Tesoro ni el Estado de la Deuda Pública reflejaban razonablemente la situación municipal en los aspectos analizados. En otras palabras, esos documentos no permitían mostrar de manera adecuada cuánto tenía disponible el municipio, cuáles eran sus obligaciones ni cuál era su situación financiera real.

A eso se suma que la Municipalidad tampoco presentó el Estado de Situación de los Bienes, uno de los documentos que debía integrar la Cuenta General. Esa ausencia impidió a los auditores completar esa parte del control.

Con ese panorama, la Auditoría General aconsejó al Concejo Deliberante de General Ballivián observar la Cuenta General del Ejercicio 2020 y trasladó sus conclusiones al cuerpo legislativo local para su tratamiento. La situación es similar a la de Tartagal, donde la AGP objetó las cuentas del mismo período: allí la observación fue de unos 350 millones de pesos de ese momento, que según el IPC superan hoy los 4.000 millones.

La respuesta del Concejo

Juan Carlos Córdoba, presidente del deliberativo de General Ballivián, contó que el ejecutivo municipal envió una nota firmada por el intendente Gerardo Córdoba, pero sin ninguna factura, recibo ni comprobante que justifique la erogación que reclama la AGP.

"No cumplió con ninguno de los puntos solicitados. Recibimos el informe del DEM el día 10-09-26, se envió a comisión, y una vez que tengamos el dictamen y la resolución definitiva quedará a cargo de la AGP finalizar con las actuaciones administrativas y legales ya que el ejecutivo al C.D. no le respondió ninguno de los puntos", precisó el edil.