Un represor condenado pide salir en libertad y las víctimas de San Luis responden sin filtro
La Justicia publicó el pedido de libertad condicional de un represor condenado a perpetua en San Luis. Las víctimas ya respondieron y el comunicado apunta directo a lo que debería pasar antes de que se abra esa puerta.
La Fundación Celebrar la Memoria salió a rechazar con dureza el pedido de libertad condicional de Miguel Ángel Fernández Gez, el exjefe militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en San Luis. La solicitud, presentada por su defensa, se conoció a través de un edicto que el Tribunal Oral Federal de San Luis publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ese edicto no es un detalle menor: es el mecanismo que permite que las víctimas y sus familiares se enteren del pedido y puedan manifestar su postura ante la Justicia. Y la respuesta no tardó en llegar.
“No a la libertad condicional de ningún genocida”
Bajo ese título, la Fundación difundió un comunicado en el que expresó su “más enérgico y firme repudio” a la posibilidad de que Fernández Gez acceda al beneficio. El texto no ahorra calificativos y pone el foco en la gravedad de los delitos que se le imputan.
“No se trata de un delito común, se trata de un coronel del Ejército que era el responsable de planificar, ordenar y ejecutar desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones y persecución sistemática contra miles de sanluiseños y sanluiseñas”, sostuvo la organización.
Para la entidad, el pedido “va a contramano de todas las leyes nacionales y tratados internacionales en la materia de derechos humanos”.
El reclamo de las víctimas y sus familiares
La Fundación advirtió que la solicitud no constituye un trámite más, sino que genera preocupación entre quienes sobrevivieron al terrorismo de Estado y sus familias. “La solicitud de libertad condicional para Miguel Ángel Fernández Gez no es un trámite más, es una amenaza directa a quienes sobrevivieron, a sus familias y a cada testigo que se atrevió a hablar”, señala el comunicado.
La organización también cuestionó que los represores puedan recuperar la libertad sin aportar información sobre el destino de las personas desaparecidas y los nietos que aún faltan recuperar. “Antes que pedir la libertad” deberían “dar los nombres, los lugares donde buscar a nuestros desaparecidos y desaparecidas y la verdad completa sobre los nietos que aún faltan recuperar”, reclamó.
En otro tramo, la Fundación sostuvo que conceder el beneficio implicaría un riesgo para las víctimas y sus familiares. “Que quieran morir en la paz de su hogar sin haber devuelto la paz que nos robaron a nosotros y a nosotras, no es compasión, es una injusticia más”, expresó.
El documento concluye con una advertencia: “Si abren esa puerta, es abrir la puerta a la impunidad y al olvido”.
Las condenas de Fernández Gez por crímenes de lesa humanidad
Durante la última dictadura cívico-militar, iniciada en 1976, Fernández Gez era coronel del Ejército Argentino y jefe del Comando de Artillería de Defensa Aérea 141, con asiento en San Luis. Por ese cargo, también asumió la jefatura del Área Militar 333 y se convirtió en la máxima autoridad militar del aparato represivo en la provincia.
En marzo de 2009, durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en San Luis, recibió una condena a prisión perpetua. Fue declarado responsable de delitos vinculados con la privación ilegal de la libertad, secuestros, coacciones, tormentos, torturas, desapariciones forzadas y homicidios.
La sentencia incluyó los crímenes contra Graciela Fiochetti, Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, así como la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández.
En el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad, conocido como Megajuicio, recibió otra condena a prisión perpetua por las desapariciones forzadas y los asesinatos de 11 víctimas, además de la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de tormentos a 25 exdetenidos políticos.
El pedido de libertad condicional deberá tramitar ante la Justicia. Mientras tanto, la publicación del edicto permite que las víctimas y sus familiares conozcan la solicitud y hagan llegar sus posiciones.
