Un rugbier imputado por la golpiza en Tafí del Valle: la Justicia frenó su salida del caso

El juez frenó el sobreseimiento de Bagne en la causa por la golpiza a Ledezma. ¿Qué pruebas presentó la defensa para intentar sacarlo del caso?

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Un rugbier imputado por la golpiza en Tafí del Valle: la Justicia frenó su salida del caso
Un rugbier imputado por la golpiza en Tafí del Valle: la Justicia frenó su salida del caso

El juez Marcos Javier Campero frenó el intento de Santiago Bagne para quedar fuera de la causa por la brutal agresión a Patricio Ledezma. El magistrado consideró que aún no hay certezas para cerrar el expediente y ahora la Fiscalía Regional deberá decidir si insiste con el sobreseimiento o continúa la investigación.

Bagne es uno de los rugbiers señalados por el ataque ocurrido el 29 de enero a la salida del boliche La Cañada, en Tafí del Valle. Según la denuncia, un grupo de unos 15 jóvenes oriundos de Concepción rodeó y golpeó a Ledezma tras una pelea que habría comenzado dentro del local. El caso ganó repercusión masiva después de que la víctima difundiera su relato en redes sociales.

¿Por qué la Justicia rechazó el sobreseimiento?

El pedido de sobreseimiento fue presentado por Gonzalo Ascárate, defensor de Bagne, quien sostiene que su cliente no participó en una agresión organizada. Sin embargo, Campero entendió que las pruebas disponibles no permiten afirmar con certeza que el hecho no ocurrió. El expediente ahora está en manos del fiscal regional Diego Hevia, quien tiene tres días para definir si mantiene la solicitud de cierre impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

Si Hevia insiste con el sobreseimiento, la decisión será vinculante para el juez, aunque la querella podrá impugnarla. En cambio, si coincide con la postura de Campero, se designará a otro fiscal para continuar con las actuaciones.

¿Qué dijo la defensa de Bagne?

Ascárate dividió los hechos en tres momentos para demostrar que su defendido no fue parte de la golpiza. Según su reconstrucción, el conflicto comenzó dentro del boliche, cuando Ledezma habría tocado de manera inapropiada a una joven del grupo de los acusados. Eso provocó una pelea con Belisario Iturbe, hermano de la chica, y Bagne intervino para separarlos, siendo expulsado por los seguridad.

El segundo episodio ocurrió al finalizar la fiesta, cuando Ledezma habría salido del local y provocado al grupo de manera burlona. Iturbe reaccionó con un golpe que lo derribó, pero Ascárate asegura que varios testigos afirmaron que nadie continuó atacándolo en el suelo y que Bagne volvió a intervenir para detener la pelea.

La tercera secuencia se desarrolló cuando Ledezma se alejaba del lugar. La defensa sostiene que el denunciante mostró una actitud persistente de confrontación y menciona grabaciones en las que se lo ve de pie amenazando al grupo con la frase: “Los vamos a c**** a tiros”.

“Lejos estamos de una víctima vulnerable, como se quiso presentar en los medios públicos”, sostuvo Ascárate durante la audiencia. Además, citó un video que muestra a Bagne retirando a un amigo y quedando de espaldas a la pelea, y aseguró que el análisis de los celulares no encontró mensajes que demostraran una planificación del ataque.

¿Qué dijo la querella?

El querellante José María Molina se opuso al sobreseimiento y reclamó la nulidad del dictamen fiscal. Consideró contradictorio que la defensa afirmara que el hecho no ocurrió mientras reconstruía detalladamente los distintos momentos del enfrentamiento. “Toda la descripción que hizo Ascárate no hace más que acreditar la existencia de un hecho”, manifestó Molina, y recordó que algunos testigos ubican a Bagne en la escena.

El auxiliar fiscal Hugo Campos, por su parte, acompañó el pedido de sobreseimiento siguiendo instrucciones del fiscal Gerardo Salas, señalando que no se acreditó un acuerdo previo para agredir a la víctima.

Tras un cuarto intermedio, Campero descartó el sobreseimiento y la definición quedó en manos de la Fiscalía Regional. “Nuestro objetivo es que se conozca la verdad. Santiago demostró que no tiene absolutamente nada que ver; ninguna persona debería llegar a juicio si antes puede comprobarse que no tuvo ningún grado de participación”, concluyó Ascárate.

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