Un senador denuncia que lo juzgaron sin estar presente: lo que encontraron en la sentencia es escalofriante

Un legislador provincial asegura que fue condenado en los considerandos de un fallo judicial sin haber sido formalmente acusado ni poder ejercer su derecho a defensa. La presentación, respaldada por un dictamen académico, revela que su nombre aparece 129 veces en una sentencia que describe su supuesto rol en una asociación ilícita.

Armando Traferri, senador provincial, presentó ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario una acción declarativa de certeza. En ella, denuncia haber sido juzgado de hecho en un juicio del que fue excluido, sin acusación formal en su contra y sin posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

La presentación está patrocinada por los abogados Oscar Eduardo Romera y Juan Ignacio Murray. Se sustenta en un dictamen académico del reconocido profesor Adolfo Alvarado Velloso, quien analizó el caso.

¿Qué dice la sentencia que lo involucra?

La denuncia de Traferri señala que la sentencia 593, dictada el 7 de noviembre de 2025 por el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, menciona su nombre en 129 oportunidades a lo largo de sus más de doscientas páginas.

En esas menciones, el fallo le atribuye el rol de jefe de la asociación ilícita investigada. Describe su supuesta interacción con los condenados y terceras personas y valora prueba de cargo en su contra.

Todo ello, subraya la presentación, sin que Traferri hubiera sido llevado a juicio. Sin que se le hubiera formulado acusación formal al momento del debate y sin que pudiera sentarse frente a los jueces que lo estaban juzgando.

“Solo tuvieron el prurito de no incluirme en la parte resolutiva”, señala el senador en su escrito. Esto implica que, aunque no fue formalmente condenado en la parte final del fallo, sí fue juzgado en los fundamentos.

¿Qué opina el experto jurídico?

En su dictamen, Alvarado Velloso es categórico respecto de que el juzgamiento no debió fraccionarse y que todos los implicados debieron haber sido juzgados en el mismo proceso.

“El juzgamiento no debió fraccionarse y el error ya cometido puede generar, cuanto menos y aún, la posibilidad de coexistencia de sentencias contradictorias”, advierte el profesor. Su análisis respalda la posición de Traferri sobre la irregularidad del procedimiento.

¿Por qué no se unificó el juicio?

La presentación del legislador detalla que las condiciones estaban dadas para que todos fueran juzgados en el mismo proceso. Desde julio de 2023, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) estaba en condiciones de llevar a juicio a los otros imputados de la causa.

En octubre de 2024, tras casi un año de espera y luego de dos pedidos expresos de la propia defensa de Traferri para que se avanzara, el senador fue finalmente imputado en forma oral por esencialmente los mismos hechos.

De hecho, en la conferencia de prensa posterior a esa audiencia, el fiscal José Luis Caterina anunció públicamente que presentaría la acusación dentro de los seis meses siguientes. No obstante ello, el juicio contra los otros dos imputados del mismo legajo se inició en 2025, un año después de la imputación de Traferri.

A la fecha, la acusación formal contra el senador todavía no fue formulada. Esto deja en evidencia un desfase en el tratamiento judicial de los involucrados.

¿Hubo instrucciones ignoradas?

Traferri sostiene que los fiscales tuvieron tiempo más que suficiente para unificar el juicio e incluirlo en el proceso. No lo hicieron, pero sí lo juzgaron en los considerandos de la sentencia que condenó a sus consortes de causa.

Además, asegura que no se trata una anomalía aislada. Cita como antecedente que la resolución del 29 de diciembre de 2023, donde el entonces fiscal general ad hoc Matías Merlo instruyó expresamente al MPA a “equilibrar el estado de la investigación” avanzando con todos los imputados del legajo y no de manera parcial.

Evidentemente, esta directiva fue ignorada por Caterina, según la denuncia. Esto sugiere un patrón de actuación que podría afectar la imparcialidad del proceso.