Un senador entrerriano quiere que los impuestos a los combustibles queden en las provincias

El senador nacional Adán Bahl presentó un proyecto de ley para federalizar los recursos de los impuestos a los combustibles, con el objetivo de fortalecer las vialidades provinciales. La iniciativa busca eliminar la participación del Tesoro Nacional en esos fondos y elevar del 10,40% al 20,80% la porción que reciben las provincias, sin aumentar impuestos ni modificar alícuotas.

El proyecto modifica la distribución de los recursos provenientes de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para que los fondos destinados a infraestructura se conviertan efectivamente en obras. Según la propuesta, el incremento será destinado íntegramente a los organismos provinciales de Vialidad.

Del total que corresponde a las provincias, el 80% se acreditará directamente a las vialidades provinciales, para la construcción, conservación, rehabilitación, mejora y seguridad de los caminos. Los porcentajes actualmente destinados a infraestructura eléctrica, obras públicas y al FEDEI se mantienen sin modificaciones.

Qué pasa con los fondos no ejecutados

Otro de los ejes de la propuesta es garantizar la ejecución efectiva de los recursos destinados a infraestructura vial e hídrica. Para eso, establece que los fondos que permanezcan sin ejecución durante más de 12 meses deberán ser transferidos automáticamente a las provincias, conservando su afectación específica.

La iniciativa incorpora además mecanismos de transparencia y control, con la obligación de publicar información sobre recaudación, saldos, inversiones y avance de las obras, así como informes trimestrales al Congreso.

“Los recursos recaudados para financiar infraestructura no pueden quedar inmovilizados mientras las provincias afrontan el deterioro de sus caminos”, sostiene Bahl en los fundamentos.

El senador entrerriano destaca especialmente el impacto de la infraestructura vial en las provincias productivas. Los caminos provinciales y rurales son fundamentales para conectar la producción con los corredores nacionales, puertos, centros industriales y mercados, además de garantizar el acceso a servicios esenciales.

“Fortalecer a las provincias y exigir a la Nación que ejecute los recursos que administra no son objetivos contradictorios: son las dos dimensiones de un federalismo responsable”, plantea Bahl.

La iniciativa no crea nuevos tributos ni aumenta la presión impositiva: propone modificar la distribución de recursos ya existentes y garantizar que tengan un destino concreto y verificable. El nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035.