Un soldadito avisó a la policía por la muerte de su compañero: lo que no encontraron en el búnker lo hundió

El crimen ocurrió en un búnker de venta de drogas al menudeo de barrio Las Flores, y este martes un joven de 18 años aceptó una condena a 12 años de prisión como coautor del homicidio de Joel Nicolás Nichea, un compañero de tareas que murió de un disparo en la cabeza.

El acusado, identificado como Alfredo Bazán, estaba preso desde el mismo día del hecho. La sentencia se dictó en un juicio abreviado en el Centro de Justicia Penal, tras un acuerdo entre la acusación y la defensa, ante el juez Mariano Aliau.

La pena es unificada con otra que Bazán había recibido cuando era menor de edad por un delito que no se especificó. Además del homicidio, comprende la portación ilegal del arma y el comercio de estupefacientes a título oneroso, agravado por la participación de menores.

Cómo era el lugar donde murió Nichea

El hecho se registró a las 11.05 del sábado 27 de julio de 2024 en una habitación del inmueble, ubicado sobre una calle sin nombre frente al descampado que se extiende al final de calle España, a la altura de España y 5 de Agosto. Está a una cuadra al sur del puente sobre avenida de Circunvalación, en uno de los accesos al barrio.

Un llamado al 911 alertó que allí había un muchacho de 19 años fallecido con un disparo en la cabeza. Los médicos del Sies que llegaron al lugar lo encontraron sin vida.

Los agentes que acudieron bajo las instrucciones del fiscal Alejandro Ferlazzo constataron, a simple vista y con testimonios de vecinos, que el sitio funcionaba como puesto de drogas: el único mueble adentro era una cama.

La pareja que estaba en el lugar

Junto a la víctima se encontraban Bazán, de 18 años, y su novia, una adolescente de 17 identificada como Sharon G., que quedó a disposición de un juzgado de Menores. En un primer momento se indicó que la chica era pareja de Joel, pero la investigación la ubicó después como novia del ahora condenado.

Al ser entrevistados, los dos jóvenes dieron versiones contradictorias. No solo diferían en la mecánica de lo ocurrido, sino también en el horario en que se produjo el disparo. Por eso el fiscal ordenó que ambos quedaran detenidos mientras se aclaraba cómo se produjo el ataque y por qué motivo.

El arma que no estaba

El joven muerto tenía un disparo en la cabeza, pero en la escena no apareció ningún arma de fuego. Aunque las primeras informaciones hablaban de una muerte dudosa, la ausencia del arma llevó a descartar el suicidio o una autolesión.

Se dispuso la intervención del gabinete criminalístico para la inspección de la escena, peritajes fotográficos, el levantamiento de rastros y la toma de testimonios. El cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para la autopsia, que debía precisar la causa de muerte y la distancia y dirección del disparo.

Con esos avances, la Fiscalía imputó a Bazán y determinó que el crimen se cometió dentro del inmueble, aunque los motivos no fueron precisados. Según la acusación, luego Bazán y su novia “ocultaron el arma con la cual efectuaron el disparo mortal, y dieron aviso a la policía intentando eludir su responsabilidad”.

Turnos diurnos y nocturnos para vender

La pesquisa estableció que Bazán, Nichea y la adolescente trabajaban como vendedores directos en ese local, que pertenecía a una mujer identificada como M.G. Ella fue imputada en septiembre de ese año por las maniobras de microtráfico y, según se informó entonces, dirigía el negocio desde una casa de Chumbicha al 3500, donde cumplía prisión domiciliaria ordenada por el juzgado Federal N° 3 en una causa por narcotráfico.

Desde allí, de acuerdo con la imputación, “encargaba y habilitaba la venta de sustancias estupefacientes a dos menores de edad, a Bazán y a Nichea”, que cumplían turnos diurnos y nocturnos para la comercialización en baja escala. Para proteger el negocio les entregó un revólver calibre 32 y se encargó de conseguir las municiones, “dado que existía un conflicto latente con personas del barrio Las Flores con quienes se disputaban la venta ilegal de estupefacientes”.

Bazán, según planteó la Fiscalía, había contactado a M.G. por una red social. Vivía en Villa Gobernador Gálvez y le propuso instalarse en Las Flores para hacer dinero con la venta. Uno de los menores le acercó el revólver y, días antes del crimen, fueron juntos y armados a instalarse en el búnker, donde vivieron en condiciones precarias hasta el día del homicidio.

El caso pasó luego a la fiscal Paula Barros y terminó en el juicio abreviado de este martes. En el acuerdo se estableció que la venta de estupefacientes en forma fraccionada para consumo en el mismo búnker se extendió durante un lapso indeterminado hasta el día en que Nichea fue asesinado.