Un solo depósito en la cuenta de un jefe: la jueza que frenó todo en el Consejo de Martilleros

La asamblea que el Consejo Profesional de Martilleros y Corredores de San Juan tenía agendada para este viernes no se va a hacer. La jueza Amanda Díaz, a cargo del 11º Juzgado Civil, ordenó la "inmediata suspensión" del acto y comunicó la decisión a la entidad este jueves, según consignó el diario El Zonda.

La resolución no solo frena la reunión: también deja congelado el recambio de autoridades y obliga a sostener el statu quo institucional "hasta tanto se garantice la regularidad formal y contable". El conflicto interno que venía creciendo en el Consejo desembarcó así en los tribunales.

Quiénes impulsaron la presentación

La denuncia la llevaron adelante un grupo de afiliados que cuestiona la gestión del presidente Héctor Daniel Molina. Sostienen que hubo irregularidades en la administración de la entidad y apuntan, entre otras cosas, a la falta de balances contables de los últimos diez años.

También pusieron la lupa sobre el manejo de la matrícula profesional. La jueza, en ese marco, dejó asentado que la documentación aportada por Molina "contiene reconocimientos explícitos de suma gravedad institucional", una frase que quedó incorporada al expediente y que todavía está bajo análisis.

El dato que complica al presidente

Según trascendió en la causa, la observación judicial se conecta con la ausencia de balances por al menos seis años y con una versión explosiva: que la matrícula anual, fijada para 2026 en 750.000 pesos, se liquidaría en una cuenta bancaria personal de Molina.

Esa versión fue denunciada por matriculados que aseguraron haber depositado el canon profesional en la cuenta personal del presidente. De comprobarse esa situación, el monto anual habría rondado los 30 millones de pesos, de acuerdo con el cálculo realizado sobre los 40 martilleros que integran el Consejo.

Vale remarcar que se trata de una denuncia en el marco de una causa en curso: la Justicia aún no determinó responsabilidades.

Por qué la jueza frenó la asamblea

La resolución sostuvo que permitir el acto "configura un peligro en la demora concreto e irreparable" y que su realización alteraría el estado de hecho y de derecho existente, con riesgo de frustrar la sentencia definitiva.

Al mismo tiempo, la magistrada aclaró que la suspensión no compromete funciones esenciales del ente ni el ejercicio profesional de los matriculados. El acto que quedó sin efecto iba a incluir la lectura del acta anterior, la memoria, cuentas y recursos, además de la elección de nuevas autoridades.

Los antecedentes del expediente

La denuncia fue presentada en agosto por Gustavo Federico Sommo, Eduardo Barbano, María Clara Carrizo, Mariela Cruz, Gustavo Mauricio Turell y Juan Pablo Arabel Trucco, con el patrocinio de Roberto Pelegrina.

A principios de octubre, la jueza había pedido secuestrar documentación de la sede central del Consejo ante la falta de respuesta del presidente. Después dictó una medida de no innovar que frenó la lista de profesionales habilitados.

Mientras tanto, la Junta Electoral ya había oficializado una sola lista, Unión, encabezada por David Ángel Espejo y con Héctor Daniel Molina como primer vocal titular.

Qué pasa ahora

Con la asamblea suspendida, la pelota pasa a la Cámara Civil, que deberá resolver el pedido de intervención judicial formulado por los denunciantes. Hasta que se pronuncie, la entidad deberá seguir funcionando sin alterar la situación institucional y contable que observó el tribunal.