Un solo diputado, un minuto y una ley para quedarse con un predio de US$20 millones

Un fallo de la Justicia Federal de La Plata reveló cómo la Legislatura bonaerense aprobó en 2020 una expropiación exprés sin leer el expediente ni verificar los datos. La maniobra, ideada por el entonces diputado Jorge D'Onofrio, ocultó que el inmueble en Pilar valía más de 20 millones de dólares y ya tenía una construcción de 26.000 metros cuadrados.

La causa que investigó el accionar de D'Onofrio terminó con su procesamiento. El juez Alberto Osvaldo Recondo, a cargo del Juzgado Federal N°4 de La Plata, concluyó que no se trató de una mentira aislada sino de una "maniobra orquestada -dolosamente- para engañar". El fallo, del 3 de febrero de este año, puso bajo la lupa el mecanismo con el que se sancionan las leyes en la provincia de Buenos Aires.

Un proyecto para desbaratar otro proyecto

El origen de la historia es un emprendimiento de transporte que ya estaba en marcha. En un predio estratégico de Pilar, al borde de la Panamericana, se construía un Centro de Transferencia de Pasajeros: un lugar donde los vecinos dejarían sus autos para combinar con el tren y el colectivo hacia la Capital Federal. La iniciativa, que involucraba inversión pública y privada, se había acordado con la Nación y el municipio. Ya había cocheras terminadas en un edificio de cinco pisos.

D'Onofrio, que tenía intereses en ese distrito del conurbano norte, se oponía al proyecto por motivos que nunca se aclararon. En lugar de plantear el debate de frente, presentó un proyecto de ley para expropiar el inmueble. En lugar de describir la edificación de 26.000 metros cuadrados y su valuación millonaria, lo hizo figurar como una parcela rural con una casilla de 40 metros cuadrados y un valor irrisorio: 580.000 pesos. Tampoco indicó la ubicación exacta. Y propuso destinar el terreno a una "ciudad judicial" que no existía en ningún plan oficial.

El trámite exprés: un minuto y sin preguntas

La Legislatura dejó avanzar el proyecto sin examinarlo. Nadie corroboró los datos de D'Onofrio. No se pidió información adicional ni se buscó el predio en Google Maps, donde habría aparecido la construcción gigante. El proyecto pasó por cuatro comisiones, pero ninguna lo trató. En la última sesión de 2020, realizada por zoom cerca de Navidad, lo incluyeron sobre tablas, fuera del orden del día. Se leyó el número de expediente y, en apenas un minuto, Diputados lo aprobó. El Senado siguió el mismo camino express. Así nació la ley 15.239.

El fallo reconstruyó ese trámite con la versión taquigráfica. El juez dejó asentado: "Se advierte que cada vez que se votó, el secretario administrativo, automáticamente, pronunció la palabra 'aprobado', tan rápido que no queda claro cómo pudo -en una sesión remota- mirar cada cuadro de la pantalla para contabilizar los votos de cada diputado".

La confesión del secretario: "Nunca se lee el articulado completo"

Cuando la Justicia quiso saber cómo funcionaba el mecanismo, el secretario legislativo de la Cámara baja lo explicó sin vueltas: "La votación es a mano alzada; no queda constancia de los nombres de los diputados que conforman la mayoría, salvo que alguno quiera aclarar su voto". Y sobre el contenido del proyecto fue aún más directo: "Nunca se lee el articulado completo. En este caso no se leyeron tampoco".

El juez no acusó a los diputados que votaron sin saber qué aprobaban. Los consideró engañados por D'Onofrio, que conocía las prácticas legislativas y sabía que era fácil colar una norma sin que nadie preguntara nada. Pero el fallo no dejó pasar el nivel de desinterés: "Al examinar la actuación legislativa no puede soslayarse la manera en que se revela el exiguo compromiso con la averiguación de la verdadera realidad del proyecto". Y agregó: "La declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de un inmueble, es un acto de indudable excepcionalidad jurídica. Exige de nuestros legisladores un alto grado de análisis y debate (...). Resulta cuanto menos censurable el desaprensivo aprecio por el derecho constitucional de propiedad".

Qué pasó con el predio y con la causa

La expropiación nunca se ejecutó. La ley era solo el primer paso: después debía iniciarse el juicio expropiatorio, que quedó trunco por la impugnación judicial y el fallo de Recondo. La empresa dueña del terreno tiene sus propios claroscuros: fue denunciada por presunto lavado de dinero y el gobierno de Kicillof le atribuye vínculos con el narcotráfico, aunque el titular de la firma fue sobreseído en esa causa. Hace pocas semanas, el predio volvió a ser noticia cuando una investigación de LN+ detectó un vacunatorio abandonado, con jeringas y residuos patológicos acumulados.

El expediente, sin embargo, trasciende el caso puntual. Expone un sistema legislativo donde nadie controla, nadie verifica y nadie se hace cargo. La misma ligereza con la que se aprobó esta expropiación millonaria se repite con pliegos de jueces, aumentos de impuestos, normas urbanísticas o regulaciones para el comercio. Todo se cocina entre gallos y medianoche.

Hay una frase que se atribuye al canciller alemán Otto von Bismarck, aunque en realidad la escribió el poeta estadounidense John Godfrey Saxe en el siglo XIX: "Las leyes, como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen". Si Saxe se asomara a la Legislatura bonaerense, confirmaría que su metáfora se quedó corta: más que salchichas, allí se producen píldoras envenenadas. El fallo de Recondo echó algo de luz sobre ese proceso. Lo que todavía cuesta digerir es el silencio del sistema político, capaz de leerlo sin sentirse aludido.