Un solo joven en el CAD en todo 2023: el número que reveló la defensora de Niños y Adolescentes para explicar por qué Jujuy necesita su propia ley. La cifra que contrasta con Santa Fe y Buenos Aires.
La defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy, Alejandra Martínez, puso sobre la mesa un dato que dimensiona la situación provincial en materia penal juvenil: durante 2023, solo un joven pasó por el Centro de Admisión y Derivación (CAD). Lo hizo en el marco de una jornada que reunió a especialistas y representantes del Poder Judicial para debatir cómo adecuar la normativa local a la nueva legislación nacional.
El encuentro sirvió para analizar los desafíos del abordaje interdisciplinario y la necesidad de actualizar los marcos regulatorios sin descuidar las políticas de prevención. La funcionaria consideró que ese es el eje que debe sostenerse en cualquier reforma.
Una ley pensada para otras realidades
Martínez explicó por qué la provincia necesita su propia adecuación normativa: "al tener una nueva legislación en el orden nacional, necesitamos adecuar nuestra normativa provincial también, siguiendo un enfoque con criterio humanitario".
Y ahondó en el contraste con otras jurisdicciones: "esta ley tuvo un criterio vinculado a las situaciones que acontecen en provincias como Santa Fe o Buenos Aires, pero en Jujuy la situación de los adolescentes respecto a este tema es verdaderamente menor; en 2023 hubo un solo joven en el Centro de Admisión y Derivación".
Recursos y dispositivos en funcionamiento
Consultada por la asignación de fondos para el área, la defensora aclaró que la ley contempla una partida significativa, aunque cuestionó su distribución: "no ha sido distribuida correctamente desde Nación; de todas maneras, en Jujuy los dispositivos como el CAD y los centros socioeducativos están funcionando".
Ese funcionamiento normal de los centros de contención locales fue uno de los puntos que remarcó durante la jornada.
El próximo paso: hablar con los estudiantes
La agenda institucional seguirá en el Colegio El Salvador, donde expertos dialogarán cara a cara con los estudiantes sobre los alcances del régimen procesal y los riesgos en entornos digitales. La propuesta busca abrir un espacio de escucha activa con los propios jóvenes.
En tanto, ante eventuales denuncias que involucren a menores, Martínez detalló el circuito: "van a ser analizadas por un fiscal especializado o remitidas al Sistema de Protección de Derechos si corresponden otras medidas, interviniendo equipos interdisciplinarios para brindar asistencia y contención".
Para cerrar, la defensora destacó la articulación entre los distintos poderes del Estado y la universidad pública, y reafirmó que el pilar central del sistema debe ser el compromiso con la prevención para evitar que los adolescentes incurran en conductas delictivas.
