Un tribunal de Posadas dictó perpetua y acusó a dos jueces de "inventar" para liberar al acusado

El Tribunal Penal 2 de Posadas condenó a prisión perpetua al gendarme Carlos Ramón Gómez por el asesinato de su exesposa, María Esther Barrera, y en los fundamentos del fallo apuntó contra los magistrados que, dos décadas atrás, habían habilitado una salida favorable al imputado. La sentencia, firmada por los jueces César Antonio Yaya, Carla Alejandra Freitag y Juan Manuel Monte, califica aquella decisión de 2003 como un acto inválido.

La frase que resume el criterio del tribunal es contundente: "En síntesis, el Tribunal Penal 1 inventó, mintió y merituó falsamente. En consecuencia su decisión no es un acto jurisdiccional válido". Así lo plasmó Yaya en su voto, al que adhirieron Freitag y Monte, al analizar la Resolución 199 del 19 de noviembre de 2003.

El homicidio ocurrió el 9 de diciembre de 2001 en una vivienda del barrio San Lucas de Posadas. Gómez disparó tres veces contra Barrera. Los tres magistrados del TP-2 lo hallaron culpable por unanimidad.

Quiénes fueron los camaristas cuestionados

Según el fallo, en noviembre de 2003 intervinieron como camaristas de apelación en la elevación a juicio de Gómez los magistrados Demetria González de Cantero, Ángel Dejesús Cardozo y Alfredo Rafael Escribano. Cardozo y González se pronunciaron por la absolución del imputado; Escribano, en cambio, se opuso a declararlo inimputable.

El TP-2 sostuvo que esa resolución construyó una conclusión favorable al acusado "sobre una premisa falsa": la de que existían cuatro pericias que respaldaban la inimputabilidad de Gómez.

Qué dijeron realmente los psiquiatras

Los fundamentos rescatan el examen del Cuerpo Médico Forense, en el que los psiquiatras oficiales Manuel Acosta y Norma La Puente de Acosta describieron a Gómez como "consciente, orientado, con memoria y juicio crítico conservados al momento de la evaluación". El estudio no detectó alteraciones del pensamiento, trastornos sensoperceptivos ni signos de producción psicótica.

El psiquiatra de parte Basilio Torres participó y firmó ese examen, pero después elaboró un informe particular en el que sostuvo que el acusado había atravesado un trastorno mental transitorio completo al momento del crimen. Daniel Flecha, en tanto, aportó un informe psicológico privado incorporado por la defensa que no había sido ordenado como pericia judicial. Y Jorge Spada planteó una hipótesis sobre una posible pérdida de control, aunque aclaró que no podía determinar si Gómez comprendía sus actos durante el homicidio.

El cuestionamiento del TP-2 fue doble: el tribunal de 2003 les habría dado categoría de pericia judicial a informes particulares que no tenían ese carácter procesal, y además habría presentado como conclusiones uniformes opiniones técnicas que eran diferentes e incluso contradictorias.

"Se alteró de manera deliberada las constancias y los actos procesales", afirma la sentencia, que remarca que los votos de Cardozo y González "atribuyeron a los médicos conclusiones que no formularon".

El dato de Spada que se leyó al revés

Para el TP-2, el Tribunal Penal 1 interpretó mal las conclusiones de Spada al presentarlas como una confirmación de que Gómez era inimputable. Sin embargo, el propio psiquiatra había afirmado que resultaba imposible determinar de manera absoluta si el acusado comprendía o no sus actos en el momento del homicidio.

La sentencia también señala que en 2003 se "utilizaron como verdaderos hechos que no estaban probados". La defensa sostenía que Gómez había sufrido una alteración mental transitoria después de sorprender a su esposa en una situación sexual con otra persona. El TP-2 observó que esa interpretación partía de una versión suministrada por el propio acusado y que nunca fue corroborada.

Además, las pruebas permitieron establecer que Gómez ya conocía la relación afectiva de Barrera con Ramón Oscar De Olivera Moreyra antes de la noche del asesinato. Por eso, la idea de un descubrimiento completamente inesperado como desencadenante de un trastorno que le habría impedido comprender sus actos no se correspondía con los hechos que el tribunal consideró demostrados.

Emoción violenta y antecedentes de violencia

Durante el proceso, la defensa sostuvo que Gómez había reaccionado bajo "emoción violenta". El TP-2 consideró que esa versión no encontraba respaldo en el conjunto de las pruebas. La sentencia estableció que el acusado ya conocía la relación sentimental que Barrera mantenía con De Olivera Moreyra y que existían antecedentes de violencia, hostigamiento y control hacia la víctima.

Los magistrados cuestionaron que la decisión de 2003 hubiera aceptado como presupuesto de sus conclusiones una circunstancia relatada por el propio acusado, sin confrontarla con los testimonios y las restantes evidencias. Para el tribunal, correspondía a los jueces determinar si aquellos hechos habían ocurrido, mientras que los profesionales de la salud solo podían evaluar sus eventuales consecuencias psicológicas.

El fallo concluyó que esas deficiencias excedían una simple discrepancia sobre la valoración de la prueba y configuraban un defecto sustancial de fundamentación, con entidad suficiente para considerar inválida la resolución de 2003.

En el debate oral, el fiscal Vladimir Glinka había sostenido que las pruebas acreditaban tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad del acusado, y solicitó la pena de prisión perpetua que finalmente se impuso.