Un tribunal federal ordena al Gobierno cumplir con una ley clave para la educación

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una sentencia que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que afecta directamente los salarios docentes, las becas y la investigación en todo el país.

El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades. En su fallo, los magistrados recordaron que “no debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.795, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo”.

Pese a haber sido promulgada, el Gobierno resolvió suspender su ejecución mediante un decreto, argumentando la necesidad de definir previamente las fuentes de financiamiento en el presupuesto.

El razonamiento de los jueces

Los camaristas se preguntaron si el Poder Ejecutivo podría sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso. Para los jueces la respuesta es negativa.

Explicaron que “la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación”.

Tras analizar las pruebas, la Cámara confirmó que “el juez de grado resaltó que no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.

Los magistrados agregaron que “el Poder Ejecutivo no hizo más que reconocer la existencia y vigencia de una norma legal que dispone la referida pausa y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad”.

Un conflicto que se arrastra

El conflicto por el financiamiento universitario se remonta a 2024, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. El presidente Javier Milei vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron ese veto y la ley quedó firme.

Sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. Desde la Casa Rosada sostienen que la norma no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento y argumentan que su aplicación tendría un fuerte impacto fiscal.

La Justicia intervino en la disputa y el juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley. Además, dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma.

Mientras ese frente judicial seguía abierto, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario, pero aún no fue tratado.

Recientemente, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó al Gobierno que cumpla con la ley y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma.

Las autoridades universitarias remarcaron que “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.