Un tucumano de 41 años imputado por una estafa millonaria a una ex compañera: se hizo pasar por abogado

La Justicia tucumana avanzó contra un hombre acusado de defraudar a una ex compañera de trabajo por una suma que asciende a 17 millones de pesos. El imputado, de 41 años, no tenía título habilitante ni autorización para ejercer la abogacía, pero logró que la víctima le transfiriera ese dinero mediante 16 operaciones bancarias. La audiencia se realizó este martes 3 de marzo, a pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I.

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre junio y octubre de 2025. El acusado habría contactado a la mujer aproximadamente un mes después de que ella fuera despedida de su trabajo, el 14 de mayo de ese año.

¿Cómo operó el supuesto abogado?

El hombre se presentó ante la víctima como letrado y le ofreció asesoramiento para iniciar un supuesto juicio por despido laboral. Además, le propuso gestionar otros trámites, como una certificación de discapacidad y una pensión. La Fiscalía sostiene que la mujer confió en él debido al vínculo previo que tenían como compañeros de trabajo.

En ese contexto de confianza, la denunciante realizó las transferencias por el monto total de 17 millones de pesos. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal dirigida por el fiscal Diego López Ávila, y en la audiencia intervino la auxiliar de fiscal Emely Rafael.

El doloroso testimonio de la víctima

Durante la audiencia, la mujer afectada se dirigió al juez y expresó su profundo desconsuelo. “Yo lo consideraba mi amigo, no entiendo por qué a mí. Es una persona macabra”, manifestó, según consta en las actuaciones. Sus palabras reflejan la violación de la confianza que existía entre ellos.

Para garantizar el normal avance del proceso, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad, conocidas como reglas de conducta. El magistrado interviniente hizo lugar a este pedido en su totalidad.

En consecuencia, el imputado deberá cumplir con reglas de conducta por un plazo de seis meses, mientras continúa la investigación por el presunto delito de estafa. La medida busca asegurar su comparecencia a futuro sin necesidad de aplicar una prisión preventiva.

El caso pone en evidencia los riesgos de contratar servicios profesionales sin verificar debidamente las credenciales y la matrícula de quien los presta, incluso cuando existe una relación de confianza previa.