Un tucumano podría esquivar la cárcel: pagará $60 millones por contrabando millonario

Un vecino de la capital tucumana acusado de contrabando de ropa y calzado podría eludir el juicio oral si cumple con un pago récord al Estado. La cifra acordada asciende a casi 60 millones de pesos, una suma que multiplica por más de 15 el valor original de la mercadería secuestrada.

La causa se originó el 12 de agosto de 2021, cuando efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Tucumán de la Policía Federal Argentina realizaban un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a la autopista de San Miguel de Tucumán.

En ese operativo, los agentes interceptaron un colectivo de pasajeros que trasladaba a 13 personas, además del conductor y su acompañante. Durante la inspección, con dos testigos presentes, identificaron a Ariel Fernando Bonkosky, domiciliado en el barrio Victoria, quien llevaba nueve bultos.

¿Qué encontraron en los bultos?

Al revisar la carga, los investigadores hallaron 900 remeras, 1.447 pares de zapatillas y 732 pares de ojotas, todo de origen extranjero. La mercadería no contaba con documentación respaldatoria, facturas ni avales aduaneros que acreditaran su ingreso legal al país.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los productos fueron secuestrados y enviados a la Delegación Aduana Tucumán para su peritaje. La Dirección General de Aduanas determinó que el cargamento tenía un valor comercial de 3.678.404,43 pesos al momento del procedimiento, superando el umbral de punibilidad establecido por la legislación aduanera.

El procesamiento y el pedido de juicio

El 26 de abril de 2023, Bonkosky fue procesado sin prisión preventiva. El entonces fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación de la causa a juicio como presunto autor del delito de encubrimiento de contrabando, tipificado en el artículo 874, primer párrafo, inciso "d", de la Ley 22.415 del Código Aduanero, por la adquisición y transporte de mercadería de procedencia ilegal.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral Federal, presidida por el juez Pablo Roberto Toledo. Antes de que comenzara el debate, con ocho testigos esperando para declarar, el defensor José del Río propuso suspender el juicio a cambio de una reparación económica integral.

Inicialmente, Del Río ofreció 14 millones de pesos, argumentando que era una suma cuatro veces superior al valor asignado a la mercadería en 2021. El delito imputado contempla una pena de seis meses a tres años de prisión de ejecución condicional.

La negociación que subió la apuesta

El fiscal de Cámara Pablo Camuña no se opuso a la salida alternativa, pero consideró que el monto debía reflejar el verdadero perjuicio causado. Tras un cuarto intermedio, propuso actualizar el valor del cargamento tomando como referencia su cotización en dólares al momento del secuestro y trasladándola a valores actuales. Ese criterio elevó la reparación a una cifra cercana a los 60 millones de pesos.

Después de consultar con su defendido, Del Río aceptó la nueva propuesta y solicitó que el pago pudiera realizarse en tres cuotas mensuales, modalidad que el Ministerio Público Fiscal aceptó.

Ante el acuerdo, el juez Toledo resolvió suspender la audiencia y condicionó la continuidad del beneficio al cumplimiento puntual del cronograma de pagos. Además, ordenó que se informe mensualmente cada depósito y fijó una nueva audiencia para el próximo 28 de octubre, cuando se verificará si la totalidad de la reparación fue abonada. Si el imputado incumple, deberá enfrentar el juicio oral.