Un vecino de El Calafate quiere ver los contratos y la plata del Parque Los Glaciares

Agustín Alejandro González, ecologista de El Calafate, presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares para revisar contratos, convenios, ingresos y gastos del área protegida. El pedido abarca los últimos doce meses de gestión y se apoya en la Ley Nacional 27.275.

La presentación ingresó este miércoles 21 de octubre ante la Intendencia del parque, que depende de la Administración de Parques Nacionales (APN). El período consultado va del 21 de octubre de 2025 al 21 de octubre de 2026.

El objetivo declarado es acceder a la documentación administrativa, contractual y económica vinculada con el funcionamiento del área protegida: los acuerdos que firmó el organismo, los recursos que administra y las actividades que se desarrollan dentro del parque.

Qué contratos y con quién

Entre los puntos centrales, González pidió copias de contratos, convenios, acuerdos de cooperación y otros instrumentos suscriptos, renovados o vigentes en ese lapso. También reclamó que se identifique a las personas, empresas, asociaciones, fundaciones y organismos públicos o privados que mantuvieron vínculos con la APN o con la Intendencia.

El escrito dedica un apartado especial a los vínculos con empresas privadas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y entidades extranjeras. Sobre esos acuerdos, el vecino quiere saber los objetivos, los plazos, las obligaciones asumidas por cada parte, los aportes comprometidos y los efectivamente realizados, además de las contraprestaciones y los beneficios previstos.

La solicitud también alcanza donaciones, subsidios, financiamiento externo, cesiones de uso, permisos y autorizaciones que involucren bienes, instalaciones, recursos naturales o servicios dentro del parque. Suma las aprobaciones administrativas y los informes ambientales, patrimoniales, económicos y jurídicos, siempre que existan y sean de acceso público.

La caja del parque: entradas, cánones y concesiones

Otro eje del pedido es la plata que entra y sale del Parque Nacional Los Glaciares. González solicitó el detalle de la recaudación por entradas, servicios turísticos, concesiones, permisos, cánones, alquileres, actividades comerciales, multas, tasas, donaciones y otras fuentes de financiamiento.

El requerimiento contempla información mensual y discriminada por concepto, sector o acceso, según los registros disponibles. También pide saber qué organismos, concesionarios o terceros intervienen en la percepción y administración de esos fondos, junto con las rendiciones de cuentas, liquidaciones y transferencias realizadas.

Del lado de los gastos, la solicitud comprende pagos, inversiones, gastos operativos y administrativos, obras, adquisiciones, mantenimiento, infraestructura y equipamiento. Para cada concepto reclama importes, fechas, proveedores o beneficiarios, procedimientos de contratación y fuentes de financiamiento, con la documentación respaldatoria.

El escrito abarca además licitaciones públicas y privadas, contrataciones directas, adjudicaciones, permisos comerciales y concesiones. Menciona las actividades de cobro de entradas, transporte turístico, excursiones, navegación, gastronomía y alojamiento, y suma las inspecciones, auditorías, sanciones y actuaciones ligadas al cumplimiento de los contratos.

Resoluciones, auditorías y permisos a terceros

La presentación solicita copias de resoluciones, disposiciones y otros actos administrativos vinculados con contratos, convenios, concesiones y compromisos económicos. Pide que se identifiquen los expedientes, las fechas, las autoridades firmantes, los fundamentos y el estado de ejecución de cada medida.

En materia de control, González requirió informes de auditorías internas y externas, revisiones contables, rendiciones de cuentas y documentación sobre la ejecución presupuestaria. También quiere conocer las observaciones detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas correctivas adoptadas, cuando existan y su divulgación no esté legalmente exceptuada.

Hay un apartado dedicado a los permisos y autorizaciones que habilitan a terceros a usar bienes públicos, terrenos, instalaciones o infraestructura del parque. Allí pide identificar a los beneficiarios, las condiciones de uso, la duración, las contraprestaciones económicas y los fundamentos jurídicos de cada autorización.

Plazos y formato de entrega

En el tramo final, el vecino pidió que la documentación se entregue en formato digital, preferentemente PDF y, cuando se trate de registros tabulares, en formatos reutilizables como CSV o XLSX. También solicitó que la información se organice por fecha, tipo de instrumento, expediente, contraparte y concepto económico, en la medida en que lo permitan los registros existentes.

El escrito invoca los principios de transparencia y máxima divulgación de la Ley 27.275. Pide que, si parte de la documentación no está en poder de la Intendencia, el requerimiento se derive al organismo competente y que, si hay datos legalmente exceptuados, se entregue el resto mediante disociación o testado.

Según el artículo 11 de la norma, el plazo general para responder es de 15 días hábiles, con una prórroga excepcional de otros 15 días hábiles que debe comunicarse de manera fundada antes del vencimiento original.

Por último, González reclamó una constancia formal de recepción con fecha y número de expediente, y que cualquier denegatoria total o parcial sea expresa y debidamente fundamentada.

La presentación apunta a revisar el funcionamiento administrativo, económico y contractual del Parque Nacional Los Glaciares. El escrito no consigna resultados de una eventual respuesta de la APN ni confirma irregularidades: reúne los puntos sobre los que el vecino pidió información.