Una abogada previsionalista propone cambiar la fórmula de las jubilaciones: qué dice su plan

La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda puso sobre la mesa una propuesta para cambiar la forma en que se actualizan los haberes jubilatorios: tomar el RIPTE como referencia y fijar al IPC como piso. El objetivo, según explicó, es evitar que las jubilaciones sigan perdiendo poder adquisitivo frente a la evolución de los salarios.

La especialista también cuestionó el impacto del DNU 274/2024, la norma que modificó la fórmula de movilidad y estableció que las jubilaciones se actualicen en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La pérdida acumulada que arrastran los jubilados

Rapisarda sostuvo que aplicar el IPC sobre una base de haberes que ya perdió poder adquisitivo no alcanza para recuperar el nivel anterior. “Si parto de un haber deprimido, jamás voy a alcanzar el real poder adquisitivo”, planteó.

Según su análisis, existe una pérdida acumulada entre 2021 y 2024, un período en el que los haberes no habrían acompañado la evolución de la inflación. Frente a ese escenario, la abogada indicó que los jubilados pueden recurrir a la Justicia con juicios de reajuste de haberes para reclamar la recomposición que corresponda en cada caso.

“El que no reclama no va a lograr la recomposición del haber”, afirmó.

Cómo funcionaría el RIPTE con el IPC como piso

La propuesta consiste en utilizar el RIPTE —el índice que refleja la evolución de los salarios registrados— y establecer al IPC como piso. De esa manera, si los salarios aumentan por encima de la inflación, esa diferencia también debería trasladarse a los haberes jubilatorios.

“Las jubilaciones tienen que ver, se relacionan con los salarios. Viene a suplir el salario que estaba en actividad”, detalló Rapisarda.

Para la especialista, esta combinación permitiría preservar el poder adquisitivo y mantener una relación entre las jubilaciones y los ingresos de los trabajadores activos.

El cuestionamiento al DNU 274/2024

Rapisarda también planteó la inconstitucionalidad del DNU 274/2024. A su criterio, la modificación de la movilidad previsional debía ser discutida por el Congreso y no estaban dadas las condiciones excepcionales para que el Poder Ejecutivo legislara mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La abogada agregó que los reajustes jubilatorios deben analizarse de manera individual, desde el cálculo del haber inicial y las distintas actualizaciones aplicadas durante el período.

Como ejemplo, mencionó el caso de un haber que actualmente ronda los $1,1 millones y que podría ubicarse cerca de $1,6 millones si se hubiera aplicado una movilidad vinculada al RIPTE con el IPC como piso. Aclaró que ese cálculo no contempla otras pérdidas acumuladas.

Para consultas sobre jubilaciones y pensiones, el estudio Rapisarda – Amiotti atiende en el 2665 041472.