Una auditoría en San Miguel de Tucumán descubrió qué pasó con miles de actas que nadie resolvió
La auditoría de la Contaduría General iba a ordenar el cobro de multas, pero terminó destapando que el Tribunal de Faltas dejó sin resolver el 83% de las causas. El Ejecutivo ya movió las piezas.
El Municipio de San Miguel de Tucumán aprobó una auditoría que dejó al descubierto una parálisis casi total del Tribunal de Faltas: sobre 91.197 causas ingresadas en 2024, apenas se resolvieron 4.650. El informe, elaborado por la Contaduría General que conduce Marcelo Albaca, fue validado por el Decreto N° 0311 de la gestión de Rossana Chahla.
El relevamiento cruzó datos de Tránsito, Catastro e Ingresos Municipales con los 10 juzgados contravencionales, el Sistema Nacional de Infracciones (Sinai) y el Control de Infracciones Tucumán (CIT). El resultado: 76.344 expedientes (83,8%) quedaron estancados sin resolución, mientras que 10.113 (11,1%) terminaron por pago voluntario del infractor.
Un arrastre que viene de lejos
La auditoría también revisó el período 2019-2023 y encontró que 319.264 causas sobre 406.355 (78,57%) siguen sin sentencia. A eso se suman demoras entre la falta y su carga en el sistema, incumplimiento de plazos de caducidad y la pérdida de expedientes físicos y actuaciones completas.
El informe detectó además fallas operativas concretas: dependencias clave sin códigos asignados —el Centro de Monitoreo labró más de 13.000 actas que se cargaron mal—, manejo precario de talonarios en áreas como Arbolado y obstáculos burocráticos para enviar expedientes a cobro judicial.
Qué dice el Estatuto y qué hizo el Ejecutivo
El decreto cita el Estatuto para el Personal y advierte que las omisiones configuran "negligencia y morosidad grave en el ejercicio de la función", causales que pueden derivar en cesantía o exoneración. Para los jueces, la remoción exige un juicio político previo ante el Tribunal de Enjuiciamiento, por lo que Chahla giró las actuaciones al fiscal municipal Conrado Mosqueira para que instruya los sumarios administrativos.
En paralelo, el Ejecutivo derogó la norma que desenganchaba los salarios de los jueces de los secretarios municipales. Esa medida había sido calificada como "represalia" por Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, titular del Tribunal de Faltas.
