Una banda que desviaba armas al mercado ilegal: piden juicio para 11 acusados

La Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) pidieron la elevación a juicio de una causa que investiga a 11 personas por una presunta asociación ilícita dedicada a comprar armas en el mercado legal y desviarlas al circuito ilegal. La pesquisa alcanzó a la Ciudad de Buenos Aires y a diez provincias, entre ellas Neuquén, y en los allanamientos se secuestraron unas 120 armas de fuego.

El pedido fue presentado por los fiscales Sebastián Bringas y Santiago Marquevich. Según la acusación, la organización habría operado desde el 22 de enero de 2022 y utilizaba personas que figuraban formalmente como titulares para adquirir armamento que luego quedaba fuera de su control.

La maniobra: armas compradas legalmente y desviadas

La causa comenzó en septiembre de 2024 a partir de una denuncia de UFECO ante la Fiscalía Federal de Campana, luego de una investigación preliminar de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). El punto de partida fue la sospecha de que existía una organización que adquiría armas en el mercado legal para después comercializarlas en el circuito ilegal.

Los fiscales describieron una operatoria basada en la captación de usuarios que figuraban como legítimos poseedores, pero que, según la acusación, no tenían luego el control efectivo de las armas registradas a su nombre. “Adquirir, transferir, entregar y tener en su poder armas de fuego sin la debida autorización legal”, era uno de los objetivos atribuidos a la estructura en el requerimiento fiscal, que también menciona el uso de “usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes”.

140 allanamientos, con procedimientos en Neuquén

El 22 de abril de 2026, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó 140 allanamientos. Los procedimientos se concretaron cinco días después en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Como resultado, fueron detenidas varias de las personas investigadas y una se presentó espontáneamente ante las autoridades. En los procedimientos se secuestraron unas 120 armas de fuego, además de documentación y otros elementos vinculados con la pesquisa.

La investigación también alcanzó a una armería ubicada en Mendoza. El 4 de junio, el Juzgado Federal de Campana declinó la competencia sobre los hechos relacionados con esa actividad a favor del Juzgado Federal N°1 de Mendoza.

Qué resolvió la Justicia sobre los acusados

Luego de las declaraciones indagatorias, el 15 de mayo el juez federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva de R.J.M., señalado como presunto jefe de la asociación ilícita, y de otras diez personas como integrantes. A todos se les atribuyó además, según el grado de participación investigado, el delito de provisión y circulación ilegal de armas de fuego previsto en el artículo 189 bis del Código Penal.

Uno de los procesados es un oficial de la Policía de la Ciudad, identificado como W.C.N.M., a quien también se le atribuyó el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para todos los involucrados se dispusieron embargos de entre 100 y 150 millones de pesos, de acuerdo con las responsabilidades atribuidas.

Sin embargo, la situación procesal de uno de los acusados, P.A.I., fue modificada posteriormente. El 11 de agosto, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó los procesamientos, pero revocó el suyo y dictó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo.

La acusación sostiene que había una estructura organizada

En su pedido de elevación a juicio, los fiscales sostuvieron que los nueve hombres y las dos mujeres habían integrado una organización destinada al desvío de armas desde el circuito legal hacia el mercado informal. La estructura, según el requerimiento, funcionaba mediante una distribución de tareas: algunas personas intervenían en la adquisición y transferencia de armamento, otras en la gestión de documentación y otras aportaban sus datos para aparecer como titulares registrales.

R.J.M. es señalado como el presunto organizador. La fiscalía sostiene que habría coordinado la operatoria y dado instrucciones para concretarla, mientras que los demás integrantes habrían realizado distintos aportes desde sus respectivos ámbitos de actuación. “La diferente intervención que correspondió a cada uno de los imputados no desvirtúa la existencia de una actuación conjunta”, señalaron Bringas y Marquevich en el requerimiento.

El rol del policía y los controles registrales

Además de la asociación ilícita y la circulación ilegal de armas, el oficial W.C.N.M. deberá responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el pedido fiscal. La acusación sostiene que intervino en numerosas certificaciones realizadas ante la Anmac vinculadas con usuarios considerados irregulares. Los fiscales cuestionaron que no hubiera verificado personalmente la identidad de esas personas ni comprobado que las firmas de la documentación hubieran sido realizadas por los titulares.

Qué dice la fiscalía sobre las 742 armas

Uno de los datos centrales del expediente es el número de armas registradas a nombre de personas vinculadas con la investigación. Los fiscales indicaron que “al menos, 742 armas de fuego estaban registradas a nombre de los integrantes de la organización investigada” y que no pudieron ser encontradas en su poder ni en los domicilios declarados como lugares de guarda.

Para la acusación, esa situación constituye uno de los principales indicios de una maniobra destinada a sacar armamento del circuito formal. El requerimiento señala que, una vez concretadas las operaciones de compra y transferencia, “el destino de las armas se tornaba incierto”, debido a que en la mayoría de los casos investigados no pudieron ser halladas.

Una investigación que comenzó en Anmac

La pesquisa judicial nació a partir del trabajo preliminar de Anmac, que detectó movimientos que podían indicar una adquisición coordinada de armas a través de nuevos legítimos usuarios, mandatarios, gestores y usuarios comerciales. El objetivo de la investigación fue determinar si esas personas actuaban de manera coordinada para comprar armas con fondos cuyo origen todavía no estaba establecido y luego desviarlas al mercado ilegal para facilitar otros delitos.

Con base en la evidencia reunida durante meses, los fiscales consideraron acreditada la existencia de una “mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos”. Ahora solicitaron que el caso avance a juicio oral, con R.J.M. señalado como organizador y los restantes involucrados como miembros de la presunta asociación ilícita. El trámite deberá continuar contemplando además la situación procesal particular de P.A.I., cuyo procesamiento fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones.