Una beba maltratada, un juicio anulado y una decisión que remueve el piso de la justicia
La Justicia anuló un juicio abreviado por maltrato infantil en Salta. ¿Qué falló en el proceso y por qué la defensa de la víctima logró que se reabra la causa?
La Justicia salteña dio un paso inesperado en un caso de maltrato infantil: declaró nulo el juicio abreviado que había condenado a los padres de una bebé de ocho meses, y ahora la causa vuelve a foja cero. ¿Qué llevó a los jueces a tomar esta decisión?
El caso se destapó a principios de año, cuando la pequeña ingresó al hospital Materno Infantil con signos compatibles con agresiones. Los médicos, alarmados, la internaron en terapia intensiva y activaron el protocolo de denuncia penal. Los padres fueron detenidos y, meses después, en abril de 2026, aceptaron un juicio abreviado: reconocieron su culpa y recibieron una pena de tres años de prisión condicional, quedando en libertad.
Pero la Asesoría 9 del Ministerio Público Pupilar, a cargo de Martha Bustos, no lo vio tan simple. En la audiencia multipropósito, la representante de los derechos de la niña se opuso a que el caso se cerrara tan rápido, argumentando que la gravedad de los hechos merecía un proceso más profundo. Tras la sentencia, Bustos presentó un recurso de casación para que se revocara el acuerdo y se continuara investigando.
¿Qué dijo la Justicia para anular el juicio?
El tribunal le dio la razón a la impugnante. En el fallo, los jueces señalaron que el juicio abreviado fue “indebidamente prematuro” y que perjudicó el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva. “No se satisface solo con una sentencia condenatoria rápida, sino con una que sea justa”, sostuvieron, remarcando que la decisión debe estar fundada en pruebas y derecho.
La resolución también citó normas internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, subrayando la protección integral de la menor.
¿Qué pasa ahora con los padres?
La nulidad deja sin efecto la condena y las medidas impuestas, como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima y la privación de la responsabilidad parental. El caso deberá rehacerse ante un nuevo Juzgado de Garantías, donde se avanzará con la investigación desde el principio.
Mientras tanto, la bebé sigue bajo resguardo, y la sociedad espera que esta vez la justicia actúe con la profundidad que el caso exige.