Una cacique ava guaraní, a punto de ser condenada en Bolivia por defender suelo argentino

Una jueza de Tarija está a horas de dictar sentencia contra referentes de la comunidad ava guaraní de General Mosconi, en un juicio que podría avalar la invasión de suelos argentinos por parte de cañeros bolivianos. La cacique Natalí Vásquez, de la comunidad Tape Iguapegui de Churqui, es una de las ocho personas acusadas de turbaciones y daños, en una causa impulsada por Horacio Cruz Castro, líder de los cañeros que avanzaron sobre territorio salteño.

La audiencia, reprogramada para este lunes, se realizará en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer 2 de Tarija, a cargo de la magistrada Minerva Tárraga Gutiérrez. Vásquez, que no puede asistir por una orden de detención vigente, intentará exponer sus descargos por Zoom desde la orilla salteña del río Grande de Tarija, donde busca conectividad para evitar ser declarada en rebeldía.

Un juicio lleno de ironías

La causa tiene ribetes paradójicos: se acusa a los indígenas de perturbar su propio territorio ancestral, mientras que el denunciante es el mismo que lidera la ocupación ilegal de esas tierras. Las comunidades de Churqui, Aujoncito, San Telmo, Volcán, Algarrobito y Media Luna, en el departamento San Martín, sufren el avance de cercos y plantaciones ilegales de caña de azúcar que se cruzan a Bolivia en camiones.

El tribunal que los juzga es ajeno a la soberanía argentina, y su propia denominación irrita: tres mujeres que fueron hostigadas, corridas con machetes y amenazadas con armas de fuego hoy están en el banquillo. Sin un abogado que las defienda desde este lado de la frontera, los acusados enfrentan un proceso que parece ignorar las pruebas contundentes que los eximen.

Pruebas que la jueza ignora

Entre esas pruebas se encuentran dictámenes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia y de la Cancillería del vecino país. Ante una denuncia anterior de Cruz Castro en 2020, el INRA confirmó en 2023 que la denominada "Isla Valle Dorado" no existe y que no hay registro de propiedad a nombre del cañero. La Cancillería boliviana, por su parte, precisó que las coordenadas corresponden a territorio argentino.

El 6 de enero, la jueza Tárraga Gutiérrez libró un mandamiento de aprehensión contra Vásquez, Vanesa Alemán y otros miembros de la comunidad. La fiscal Janeth Soliz Torrez insistió el 21 de abril para que se ejecuten las detenciones, sin tener en cuenta los informes que desestiman la acusación.

Un informe oficial que ratifica la invasión

Días atrás, una medida constatatoria de la Comisión de Límites, con presencia de funcionarios de ambos países, ratificó que los suelos ocupados por Cruz Castro en Churqui son argentinos. Sin embargo, los funcionarios solo escucharon a los cañeros. "A mí no me vieron ni me consultaron", denunció Vásquez. Tampoco recogieron el testimonio de Rosa Villa, cacique general de la comunidad Tape Iguapegui, que vive en Aujoncito.

Los cañeros admitieron ante los funcionarios que las plantaciones están en territorio salteño, pero sostuvieron que las explotan bajo arriendos. La pregunta es quién se las arrendó, una cuestión que la Justicia argentina debería esclarecer. Mientras tanto, la comunidad sigue aislada y desprotegida, sin un camino transitable que la conecte con San Ramón de la Nueva Orán o General Mosconi.

"No solo avanzan sobre nuestro territorio con plantaciones ilegales de caña de azúcar y atropellan todos nuestros derechos, sino que nos vemos nuevamente impedidos de poder acceder a alimentos y asistencias médicas por problemas de salud, porque la única salida que tenemos es por rutas de Bolivia", había expresado Vásquez meses atrás, cuando las órdenes de detención los acorralaron.