Una carta con un pedido desesperado que llegó al Ministerio de Salud

La Iglesia católica le suplicó al gobierno que regularice los pagos de prestaciones para personas con discapacidad, en medio de una crisis que pone en riesgo la atención de miles. Instituciones no reciben aportes desde octubre y las prestaciones están desactualizadas en un 40%.

La cúpula eclesiástica envió una misiva al ministro de Salud, Mario Lugones, donde advierte sobre la “grave situación” que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad. Los obispos sostienen que muchas se encuentran en una “crisis económica de extrema gravedad” debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.

El drama detrás de los números

El responsable del área de Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el padre Adrián Molero, explica que los principales problemas se producen en el programa Incluir Salud que gestiona el ministerio de Salud de la Nación. Algunas instituciones no reciben el aporte desde octubre y dejaron de atender porque no pudieron pagar los sueldos ni el aguinaldo.

Las asociaciones que nuclean a quienes se ocupan de esta problemática calculan que la desactualización del monto de las prestaciones es del 40%. Esto pone en riesgo el suministro de cuestiones tan elementales como alimentos y equipamiento.

Quienes transportan a personas con discapacidad sufren el agravamiento de su situación ante el aumento de la nafta por la guerra. Molero relativiza las acusaciones de fraudes masivos en el otorgamiento de pensiones por discapacidad que invoca el gobierno, aunque no descarta otorgamientos indebidos y reivindica el deber del Estado de auditar los fondos públicos.

La respuesta del gobierno

La carta no parece haber caído en saco roto. Los obispos le terminaban diciendo al Ministro que quedaban a disposición “para todo diálogo que pueda contribuir a una solución” y Lugones prontamente les respondió que los esperaba en la semana entrante para analizar la cuestión.

Lo que fue recibido con beneplácito por los prelados ante un gobierno que observan poco afecto al diálogo. Sin embargo, en la Iglesia se mira especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien creen que es el que termina “pisando” los fondos para algo tan humanitario como lo es la asistencia a las personas con discapacidad.

Los obispos ponen como ejemplos los cottolengos Don Orione, “una obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria, donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”.

El contexto legal

Por la ley 24.901, sancionada en 1997, fue creado el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad con el fin de garantizar su atención integral. Ante los reclamos, en septiembre del año pasado el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el gobierno vetó argumentando el costo fiscal.

Ese veto fue rechazado por los legisladores, siendo promulgada y finalmente reglamentada en febrero por orden de un juez. Sin embargo, la situación no se normalizó.

El presidente del Episcopado, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y los vicepresidentes, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, y el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, sostienen en la misiva que esta problemática “no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”.

“Las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad, muchas de ellas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen un verdadero patrimonio social de nuestra patria”, destacan y señalan que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.

Como un gesto, monseñor Colombo lavó este Jueves Santo los pies de doce personas con discapacidad del cottolengo de Mendoza, en el marco del tradicional ritual que evoca la actitud de Jesús con sus apóstoles en la Última Cena.

El debate más amplio

La situación se enmarca en un contexto donde desde la Doctrina Social de la Iglesia -y del sentido común podría decirse- hay un principio a tener en cuenta: la equidad en el reparto de los costos de un ajuste. Dicho de otra manera: deben cargar con el mayor peso los que más tienen y no al revés.

El caso de los millones de jubilados que cobran el haber mínimo es una cuestión de larga data que clama al cielo y reclama un debate serio y profundo (en el Gobierno dicen que lo abordarán en un eventual segundo mandato). Pero hay otra realidad que -sin ánimo de hacer una competencia de dramas- está mostrando el rostro más cruel del ajuste.

Aunque acaso los obispos deberían lograr que después de más dos años sin hablar con el presidente, Javier Milei, finalmente, los reciba y entonces le propongan que se esfuerce en buscar formas creativas para que el ajuste no sea cruel.

Habrá que ver cuánto poder tiene Lugones para disponer de los fondos del Estado. Mientras tanto, las instituciones que atienden a personas con discapacidad enfrentan déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad.