Una jueza firmó la cautelar que protegía a las familias que compraron su terreno en Singuil. El expediente no migró al nuevo sistema digital y nadie firma los mandamientos: la orden existe, pero no llega. Del otro lado hay gente esperando.
Hay una decisión judicial que existe, está firmada y no se puede aplicar. Pasó en Singuil, en el departamento Ambato, y es apenas una muestra de lo que abogados que litigan a diario en los fueros Civil y Comercial de la Capital describen como una parálisis del servicio de justicia desde que el 3 de noviembre arrancó el nuevo sistema digital.
Desde junio, los hijos de un hombre que había loteado y vendido tierras en esa localidad enfrentan a otra familia que pretende quedarse con la fracción donde hoy viven los vecinos que compraron. Un juez dictó una medida cautelar a favor de los propietarios, pero el expediente quedó en un limbo: no migró al nuevo sistema y nadie firma los mandamientos. La decisión no se puede notificar.
“Cuando finalmente logramos el dictado de la cautelar, no puedo notificar a los invasores para que dejen de perturbar el derecho de la gente que está viviendo ahí”, contó a INFORAMA la abogada de la familia. Para que los compradores no entraran en pánico, los hijos del vendedor tuvieron que pagar y firmar, uno por uno, convenios con cada poseedor en los que reconocían sus derechos y asumían la responsabilidad ante cualquier perjuicio.
El caso no es aislado. Según los letrados, cientos de causas quedaron “perdidas” en la red oficial: presentaciones que ingresan y no reciben respuesta, expedientes que directamente no se pueden ver.
El día que debía empezar la modernización
Para el Poder Judicial de Catamarca, el 3 de noviembre de 2026 era la fecha de la modernización plena. Ese día entraba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, abrían las Oficinas de Gestión Asociada (OGA) y los expedientes pasaban a tramitarse en el Sistema de Administración de Expedientes (SAE), una herramienta cedida desde Tucumán.
Diez días después, los abogados que trabajan en esos fueros aseguran que las causas no se mueven. “Literalmente estamos en un estado de denegación de justicia”, resumió un abogado con vasta experiencia en Tribunales. Su relato coincide con el de otros colegas.
Otro letrado describió el caso de una sucesión que dejó a una empresa sin poder operar. Murió el socio mayoritario, el que manejaba las cuentas, la relación con ARCA, los bancos, los cheques y los proveedores. En octubre, el juzgado designó como administradora a la socia minoritaria, pero esa designación no tiene efecto ante los bancos hasta que se les notifique. Y la notificación no sale.
La consecuencia es una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) que sigue funcionando como si nadie tuviera la firma: la administradora sostiene la empresa solo con dinero en efectivo, no puede mover cuentas, ni emitir o cobrar cheques, ni operar con los bancos.
No se trata de la mora judicial de siempre. Es la imposibilidad de que una medida ya dictada salga del expediente. En derecho, la falta de respuesta en un plazo razonable tiene nombre: denegación de justicia. No hace falta que un juez rechace un pedido; alcanza con que el pedido no se tramite.
Tres sistemas conviviendo al mismo tiempo
La Corte de Justicia dispuso el cambio mediante la Acordada Nº 4852, del 25 de septiembre de 2026. Ese instrumento fijó tres hitos para la misma fecha en la Primera Circunscripción Judicial: la vigencia plena de la Ley 5925 (el nuevo Código Procesal Civil y Comercial), la puesta en funcionamiento del SAE y su Portal en los fueros Civil y Comercial, y el arranque de la Gestión Asociada a través de las OGA Civil y Comercial.
Pero el debut del SAE no reemplazó a los sistemas anteriores. Hoy en la Justicia provincial conviven tres plataformas, cada una con su propio acceso:
Lex Doctor: el más antiguo. Es un software comercial de gestión jurídica de una empresa privada, el más difundido entre los estudios del país. En Catamarca, la Escuela de Capacitación Judicial lo presenta como el sistema que la Corte provee a los juzgados para cargar causas y redactar decretos. El sitio del Poder Judicial todavía ofrece una consulta de expedientes en Lex Doctor, a la que se entra con un usuario genérico publicado en la misma página.
IURIX: el Sistema de Expediente Digital (SED). Este sí fue comprado: en junio de 2021, en el marco de la Ley 5658 de Digitalización Integral de la Justicia, el Poder Judicial firmó un contrato con Unitech S.A. para adquirirlo con destino a todos los tribunales de la provincia. Su puesta en marcha fue gradual y arrancó con una feria extraordinaria. Los Juzgados Civiles de 1.ª y 2.ª Nominación pasaron a IURIX en septiembre de 2022, y los de 3.ª, 4.ª y 5.ª empezaron a usarlo a fines de noviembre de ese año.
SAE: cedido al Poder Judicial catamarqueño por un convenio con su homónimo de Tucumán en 2026. Las causas iniciadas desde el 3 de noviembre se tramitan íntegramente en su Portal. En el fuero civil, la mayoría de las causas anteriores siguen en IURIX, en un área de la OGA Civil llamada Transición Procesal. En el fuero comercial, todas las causas, nuevas y viejas, fueron migradas al SAE, y allí también fueron los sucesorios en trámite.
De los tres, solo Lex Doctor permite seguir las causas del interior provincial. Los otros dos se limitan a la Primera Circunscripción. Es decir, en el interior las causas civiles y comerciales recientes funcionan a la vieja usanza, todo en papel.
La propia Corte reconoce las fallas
Apenas cuatro años después de comprar IURIX, la Corte lo dejó como consulta histórica en todo el fuero comercial y en las causas civiles migradas, y pasó a otro sistema. Abogados y empleados tienen que saber en qué plataforma está cada causa, con usuarios distintos para cada una, y los expedientes viajan entre sistemas con los errores de migración que la propia Corte admite.
En la Guía de Preguntas Frecuentes que distribuye a los letrados, el Poder Judicial acepta que siguen “en revisión” funciones básicas como el listado automático de causas, la visualización de actuaciones en pantalla y el buscador: cada abogado debe cargar sus expedientes a mano y, para leer un decreto, tiene que descargarlo.
También reconoce errores al subir escritos en los primeros días y que el 4 de noviembre, un día después del lanzamiento, el sistema se reinició varias veces para aplicar ajustes. “Que los errores aparezcan en estas primeras semanas es lo mejor que puede pasar”, sostiene la guía. Difícilmente lo sea para quien tiene una cautelar sin notificar.
La guía describe además el limbo del que hablan los abogados: expedientes que figuran como migrados en IURIX pero no aparecen en el SAE, y cédulas y oficios pendientes que no pasaron con la migración y deben volver a pedirse.
En la Acordada 4852, la Corte advirtió que debía evitar “superposiciones, improvisaciones o soluciones fragmentarias que comprometan la continuidad y regularidad del servicio de justicia”. Fundó la medida en la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el plazo razonable. Paradójicamente, esa garantía hoy parece vulnerada.
Los términos de uso del Portal establecen que, ante fallas graves, la Corte dispondrá la suspensión de los términos procesales y dejará registro de cada incidente en una bitácora. Al menos hasta el 7 de noviembre, no había suspendido ningún plazo.
El nuevo régimen también convirtió a la OGA en un embudo: las cédulas, los oficios y los mandamientos ya no los prepara el abogado, sino que los confecciona y firma un funcionario de la OGA. La guía no menciona ningún plazo para hacerlo.
A eso se suma un riesgo para el derecho de defensa. La notificación se da por hecha al depositarse en la casilla digital, aunque nadie la lea, pero la guía admite que en los expedientes migrados la casilla del abogado puede no haber quedado cargada.
“No se mueve nada”
Según los testimonios recogidos por este diario, el sistema está activo pero no da respuestas. “Desde el 3 de noviembre que se puso en vigencia este sistema y que empezamos a hacer peticiones allí, no se movió absolutamente nada”, relató un abogado.
El problema, explican, no es solo que la plataforma sea difícil de usar. Los propios abogados no pueden ingresar a sus expedientes. “No es que es complejo acceder al sistema; es complejo poder ver nuestras causas”, insistió.
Para los más avezados en tecnología, el SAE es “muy poco intuitivo”. “Nos habíamos acostumbrado al IURIX, donde teníamos todos los movimientos de una causa, y ahora nos obligan a trabajar con un sistema deficiente y con menos prestaciones”, comentó indignado un civilista.
Un dato elocuente viene de adentro de los juzgados: según lo que empleados judiciales transmitieron a los letrados, la pantalla de pendientes muestra más de 650 expedientes a la espera de un decreto que no logran sacar.
A eso se suma la migración. Una parte de los expedientes trasladados desde el sistema anterior no aparece en el nuevo, y a los abogados les estarían pidiendo que los vuelvan a activar, lo que multiplica el trabajo pendiente. Los letrados también describen aplicativos lentos y con fallas.
Quedan preguntas que debería responder la Corte de Justicia de Catamarca: cuánto invirtió el Poder Judicial en infraestructura, equipamiento y servicios para poner en marcha el SAE y las OGA; qué informes de prueba o auditoría técnica avalaron que el sistema estaba en condiciones de funcionar el 3 de noviembre; y cuántos expedientes tiene pendientes de proveer cada OGA desde esa fecha, y cuántos se proveyeron.
Quién paga la demora
No es un problema de los abogados. Detrás de cada expediente congelado hay personas esperando. Entre las causas que por su naturaleza no admiten demoras, los actores mencionan:
Interdictos y acciones posesorias, en las que alguien reclama la protección de su casa o su terreno frente a una ocupación o una perturbación. Cada día sin resolución consolida la situación de hecho.
Sucesorios, donde los herederos necesitan que el juez provea para administrar bienes, cobrar fondos, pagar deudas del causante o vender un inmueble. Son, además, los expedientes que la Corte decidió pasar en bloque al nuevo sistema.
Causas comerciales, ejecuciones y quiebras, donde, según los letrados, la situación es la misma.
El caso de Singuil es una muestra cruda. La Justicia ya decidió proteger a aquellas familias con una cautelar, una medida que existe justamente porque el problema no puede esperar a la sentencia. Mientras tanto, la perturbación sobre los lotes continúa y quienes los compraron siguen sin certeza sobre su propia casa.
Ante consultas de los interesados en diversas causas, los propios jueces reconocen avergonzados que no pueden hacer nada, que están sujetos a un sistema que los excede. Se sienten responsables como representantes del Poder Judicial y solo atinan a pedir disculpas. Saben, por cierto, que eso no alcanza.
En su Acordada 4852, la Corte de Justicia señaló que está “abocada a un profundo proceso de modernización y transformación del servicio de justicia, orientado a la incorporación de herramientas tecnológicas de gestión, a la digitalización integral del expediente judicial y a la implementación de un nuevo modelo de organización del trabajo jurisdiccional estructurado sobre el sistema de gestión asociada y sus Oficinas de Gestión Asociada (OGA)”.
Por lo visto hasta aquí, para la gente con requerimientos urgentes el “servicio de justicia” es solo un enunciado vacío de contenido.
