Una ciudad podría dejar de descontar de los sueldos municipales: el proyecto que presentó un concejal

El concejal Jair Dib, de Acuerdo Urbano, presentó un proyecto de ordenanza para impedir que el municipio habilite nuevos códigos de descuento sobre los sueldos de sus empleados y para dar de baja los que ya están vigentes. La iniciativa también busca prohibir los débitos o retenciones de cualquier tipo sobre las cuentas sueldo, salvo los que dispongan una ley o un juez.

La propuesta apunta directo a la relación entre el salario de los trabajadores municipales de Posadas y los mecanismos que usan bancos, mutuales y otras instituciones para cobrar deudas mediante descuentos automáticos.

Qué establece el proyecto

Según el texto, el Departamento Ejecutivo Municipal no podría celebrar convenios, otorgar habilitaciones ni firmar acuerdos con organismos financieros, mutuales o entidades públicas o privadas para habilitar códigos o mecanismos de descuento sobre los haberes de los agentes municipales.

Además, los códigos que hoy están en vigencia deberían darse de baja, siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente y preservando las obligaciones que sean legalmente exigibles.

La única excepción contemplada son las retenciones que correspondan por disposición legal o judicial.

El foco en el endeudamiento y la disponibilidad del salario

En los fundamentos, Dib plantea que el municipio no debería actuar como intermediario en las relaciones financieras o crediticias de sus trabajadores ni poner su sistema de liquidación de haberes a disposición de terceros para facilitar el cobro de obligaciones privadas.

El concejal advierte que los códigos de descuento pueden facilitar al inicio el cumplimiento de compromisos, pero también generar una afectación inmediata del ingreso disponible cuando se acumulan distintas obligaciones sobre una misma remuneración.

“El Departamento Ejecutivo Municipal no puede convertirse en agente de retención de entidades financieras, mutuales o de cualquier otra naturaleza”, sostiene el proyecto, que pide revisar los instrumentos existentes y evitar la creación de nuevos mecanismos que permitan afectar directamente las remuneraciones a través de la estructura administrativa municipal.

La discusión política que abre la iniciativa pasa por determinar hasta dónde debe intervenir el Estado municipal en las relaciones crediticias de sus empleados y si el sistema de liquidación salarial debe seguir funcionando como herramienta para garantizar el cobro de compromisos con terceros.

“El salario no debe convertirse en una herramienta de cobro”

Dib sostiene que la cuenta sueldo tiene como finalidad garantizar al trabajador el acceso a su remuneración y que no debería convertirse, por intervención de la administración, en un mecanismo que otorgue una posición de ventaja a determinadas entidades frente al empleado municipal.

La iniciativa no plantea impedir el acceso de los trabajadores al crédito, sino separar esa posibilidad de la intervención administrativa del municipio. En los fundamentos se remarca que el acceso al financiamiento debe mantenerse dentro de la libertad contractual y de la legislación vigente, pero que ello no obliga al Ejecutivo municipal a facilitar el cobro de esas obligaciones mediante descuentos sobre los haberes.

El proyecto también vincula la propuesta con los principios de protección del trabajo establecidos en la Carta Orgánica Municipal, en particular los artículos 15 y 16, que reconocen el trabajo como un derecho y establecen la necesidad de procurar condiciones laborales equitativas y dignas.

Con esta iniciativa, el concejal busca instalar en el Concejo Deliberante el debate sobre la protección del salario municipal frente a los mecanismos automáticos de cobro y sobre el rol que debe asumir la administración en un contexto donde la acumulación de obligaciones financieras puede reducir de manera significativa el ingreso disponible de los trabajadores.

El proyecto concluye planteando la necesidad de establecer una política municipal orientada a proteger los ingresos de los trabajadores y garantizar una administración responsable de los mecanismos de liquidación salarial, evitando que la estructura del municipio sea utilizada como herramienta de cobro en relaciones contractuales ajenas al Estado municipal.